César Barrojo: «Hay más de un responsable en la muerte de Clara Bravo»

23/2/2025

El abogado querellante denuncia que la investigación ignoró indicios cruciales que comprometen a la Policía. Uno es el hueco en la parte posterior del cráneo, que según los padres podría ser un balazo. El veredicto del juicio oral y público que se desarrolla en los Tribunales de Santiago del Estero se conocerá en fecha a determinar por la jueza Rosa Hortensia Falco.

La audiencia de clausura comenzó con la voz angustiada de Sonia Ramona Andrea Córdoba, mamá de Clara Mabel Bravo, que pidió la palabra para ampliar su declaración de tres días antes. La mujer nuevamente leyó anotaciones con birome azul sobre su cuaderno anillado. Fustigó al Ministerio Público Fiscal por ignorar deliberadamente pedidos realizados por la familia a lo largo del proceso. Mencionó numerosos indicios que permanecieron fuera del alcance de la querella. Acusó a las fiscales de manipular la pesquisa para proteger a la Policía santiagueña, en vez de ponerse al servicio de la verdad.

Sonia remarcó el hueco constatado en la base posterior del cráneo de su hija, indicio que ha sido motivo de controversia. Al punto de que la familia ha planteado la hipótesis de un balazo en un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta herida fue reiterada por su representante legal, que, sin tomar posición sobre la teoría del disparo, indicó la misteriosa ausencia de la prueba en los tres informes médicos del expediente. Otros contrapuntos sumariales involucrarían filmaciones de las cámaras de seguridad particulares, el video de la autopsia y las fotografías a color del cuerpo de la fallecida.

El veredicto se conocerá en fecha a determinar por la jueza Rosa Hortensia Falco, al frente del tribunal unipersonal. Durante los alegatos, tras el descargo de la madre, las fiscales María Emilia Ganem y Alejandra Sobrero, de Añatuya, pidieron se condene al motociclista que llevaba a la víctima, Rodrigo Matías Coria Salguero, único imputado, con cuatro años y medio de cárcel por homicidio culposo más cinco de inhabilitación para conducir cualquier vehículo. La querella coincidió, aunque con diez años de prohibición de manejo y el pedido de investigar la pista de un hecho de violencia institucional.

«Al otro día hubo una pueblada en Añatuya ¿Solo porque murió Clara? No. Porque murió perseguida por la Policía», alegó César Fabián Barrojo. «La hicieron a las 20, después de las 18, cuando empezaba la restricción para circular, y no quemaron la Municipalidad de milagro; fue la reacción frente al hecho consumado de la muerte producida por el uso excesivo de la fuerza. La persecución no era estéril, inocua o inocente; era a gran velocidad; coincido con la Fiscalía en lo que tiene que ver con la responsabilidad del acusado; pero no podemos menos que determinar la existencia de un elemento a la par».

El abogado de los padres jugó una carta sorpresiva. Un relevamiento de Amnistía Internacional sobre los excesos policiales en nuestro país en el contexto de la cuarentena. «Parecía un estado de sitio», comparó. «Sobre todo en Santiago del Estero», adujo. Al presentar en 2020 aquel diagnóstico a los medios de prensa, la organización con sede central en Londres consideró «casi inevitables» los abusos, porque «están vinculados con la historia» argentina, y agregó que «en 30 años de democracia se ha avanzado muchísimo, pero no se ha logrado ordenar el problema de la violencia por parte de las fuerzas».

El hecho sucedió el 20 de noviembre de 2020 en Añatuya. Clarita, que era estudiante de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, con asiento en la ciudad capital, había vuelto a la casa familiar en el marco de la cuarentena por el Coronavirus. Sonia y Víctor, los padres, cuentan que la chica de 19 años acababa de salir de su domicilio como acompañante en la motocicleta de Coria Salguero, alias Coco, con quien tenía una relación de amistad. Eran las 23.45 y regía la veda para circular en la vía pública. Algunos minutos y 20 cuadras después, ella yacerá muerta sobre la cinta asfáltica.

«¿Qué pasaba si el policía dejaba de perseguir? El accidente no hubiera ocurrido», continuó Barrojo. «El agente dijo que se dio cuenta de que quedó solo en la persecución; si el mermaba, el accidente no se hubiera producido. Es una persecución; no me digan que lo seguía solamente para decirle bajá la velocidad o volvé a tu casa; lo perseguía para que le sucediera lo mismo que a todos los ciudadanos que fueron sorprendidos fuera de horario en la pandemia: privación de la libertad, secuestro [del vehículo] y multa. Encima los obligaban a pagar antes de retirar el vehículo; una pena sin la intervención de un juez».

Unas ocho cuadras los acechó Gerardo Javier Cabrera, agente motorizado, a alta velocidad, durante un trecho a contramano, hasta que de repente la chica cayó a la calle y expiró de forma casi instantánea con un hueco en la parte posterior de cráneo que sangraba en abundancia, traumatismos en la cabeza y heridas en el rostro. Coria conducía sin luces y con los frenos averiados, entre más irregularidades. Ambos iban sin casco. Al parecer, el rodado perdió por un momento la estabilidad debido a un montículo de piedras o ladrillos depositado en la calle sin señales de precaución para los conductores.

Orlando Román Nasif, abogado defensor de Coria, imploró la absolución por el beneficio de la duda y adhirió al reclamo referido a la fuerza estatal. En el público estuvieron Víctor Bravo, papá de la fallecida; Belén y Emilce, hermanas; Ángel Córdoba, tío; Aura Marina Ríos Flores, psicóloga que lidera el Equipo Republicano (CABA); y parientes de otras víctimas de la provincia: Patricia Carolina Isorni, mamá de Franco, y Carina y Juan Jaimes, papás de Felipe. Los deudos de Clara y estos conforman el Comité de Lucha contra la Impunidad e Injusticia de Santiago del Estero, que congrega a medio centenar de familias.

Los padres de la víctima afirman que el supuesto gatillador habría actuado en complicidad con varios colegas. Advierten la mutilación del útero de Clara en la autopsia con el fin probable de ocultar el embarazo que, según la madre, acababa de iniciar. Junto al resto de los integrantes del Comité de Lucha contra la Impunidad, han caminado las calles de su tierra y del país. Reclaman el juicio político a ciertos funcionarios y la intervención federal del Poder Judicial vernáculo. Han brindado testimonio en foros notables como la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación.

Sonia y Víctor infieren que Coria Salguero, que es hijo de policías, pudo actuar como entregador y que el episodio presenta ramificaciones. Como el asesinato de Franco Nicolás Isorni, de 23 años, perpetrado meses antes en la capital provincial. Los deudos de este muchacho acusan a la Policía de torturarlo y rematarlo de un disparo para luego montar un accidente en moto. La causa se encuentra llamativamente cerrada con la teoría del siniestro vehicular. Clara y Franco se habían hecho amigos mientras cursaban carreras distintas en la misma universidad; el era alumno de la Tecnicatura en Construcción.

«Santiago del Estero fue una de las provincias denunciadas por Amnesty Internacional con mayor cantidad de personas privadas de la libertad durante la restricción», argumentó César Barrojo; «más de 38 mil procedimientos con restricción de la libertad», precisó; «eran detenidos cuando estaban fuera de los horarios de circulación o dentro de los horarios sin una justificación; se procedió al secuestro de más de 3000 vehículos y más de 7000 moto vehículos, se promovieron más de 25 mil procesos judiciales», continuó; «los ciudadanos eran perseguidos de manera violenta; parecía un estado de sitio».