Analía Ojeda: «Hay una justicia en la tierra, pero la más importante es la divina»

11/7/2024

Su hijo Diego Emanuel Barreto tenía 25 años cuando murió en custodia policial el 13 de febrero de 2020 en Resistencia, provincia de Chaco. A pesar de que hay indicios de tortura seguida de muerte perpetrada por tres agentes, un jurado popular dictaminó homicidio culposo, o sea involuntario, y responsabilizó a un solo hombre, Gastón Iván Delfino.

«En este juicio se plasmó lo que verdaderamente era Ema, la memoria de el está limpia; ahora recién puede descansar en paz; se implementó una nueva modalidad, el juicio por jurado popular; [los miembros] requieren un entrenamiento; este es el segundo juicio; tiene que tomar conciencia la sociedad; es necesario obviamente capacitar a las personas para ser jurado; que tomen todo en cuenta; tienen que ser imparciales, como en Estados Unidos; recién se está implementando; son 12 personas que deben ser unánimes; con uno que no esté de acuerdo se cae el veredicto; en este caso fue unánime contra Delfino».

Para Leticia Analía Ojeda es un desafío colosal explicarles a sus otros dos hijos, de nueve y 11 años, y a su nieto, de ocho, dónde está Ema, su primogénito, que hoy sumaría 29 años y era el papá del más pequeño. Diego Emanuel Barreto los dejó el 13 de febrero de 2020, cuando perdió la vida en manos de tres policías durante un episodio comparable al de George Floyd, el afroestadounidense que generó el movimiento Black Lives Matter. Floyd expiró luego de que el agente Derek Chauvin, que transcurrirá 22 años en prisión, lo asfixiara con una rodilla sobre la nuca en la vía pública.

El único condenado de los tres que hostigaron a Barreto en la vereda de su casa de Resistencia, provincia de Chaco, es Gastón Iván Delfino, exoficial ayudante. Fue declarado autor de homicidio culposo. El jurado popular que de forma unánime emitió el veredicto el 5 de julio consideró de esta manera que fue una tragedia involuntaria, por negligencia. Con una pena, aún pendiente de definición, que irá de uno a cinco años de cárcel. Los otros dos sentados en el banquillo durante el proceso, el subcomisario Armando Diego Barbona y el agente Esteban Francisco Campos, fueron absueltos.

«Homicidio culposo es [el veredicto]; todavía el juez no determina la sentencia de cuántos años le van a dar; supuestamente, el [Delfino] pide domiciliaria; el viernes tengo otra audiencia; hay una justicia acá en la tierra, pero la más importante es la justicia divina; está al lado mío mi Ema; con el también vienen mi Diosito y mi mamá María, que siempre no me dejaron sola en todo el esfuerzo, estos cuatro años y cinco meses que van a ser ahora, el sábado, en toda la lucha».

«El primero que empezó a lastimar a Ema fue Delfino; después llegaron los otros, entre ellos Barbona, que ayudó a la muerte; parece que eso no les quedó claro a los miembros del jurado; Barbona le puso la rodilla ahí; se ve en los videos, que también busqué yo; Barbona culmina lo que empezó Delfino; Barbona y el otro [Campos] también van a tener que dar explicaciones por todas las pruebas falsas que presentaron, el manejo de la cúpula esa, como se manejan entre ellos, el modus operandi; están fichados; uno queda detenido, pero los otros van a quedar bien marcados; como mamá de Ema no voy a bajar los brazos hasta que también paguen por lo que hicieron; no se la van a llevar de arriba».

Barbona y Campos siguen en funciones. Delfino había sido exonerado de la fuerza en 2022 después de que su mujer lo denunciara por amenazas. «El victimario de mi hijo ya tenía antecedentes de violento», destacó Ojeda a la prensa; «sigo sin entender como si fue detenido en el año 2018 y sentenciado en el mismo año, la Policía demoró tanto en expulsarlo», agregó; «hace poco […] agredió a agentes de tránsito en [la localidad de] Fontana y amenazó incluso a un periodista; […] que la Justicia actúe y le dé una pena para que dentro de un contexto de encierro pueda readaptarse a la sociedad».

En el caso Floyd, los tres agentes que acompañaban a Chauvin en el instante del asesinato fueron castigados y despedidos de la institución. Uno de ellos, Tou Thao, cumple una pena como cómplice del horror. Los otros dos, Thomas Lane y Alexander Kueng, fueron declarados responsables de violar los derechos civiles. Encima, la situación de Chauvin se sigue complicando. Ahora está acusado de cometer una agresión similar antes del homicidio. La denunciante es una mujer que pudo sobrevivir. Para colmo, el convicto debe responder al respecto mientras se recupera de recibir 22 puñaladas de otro preso.

«Hay personas que verdaderamente luchan por la verdad, con ese dolor que nadie puede comprender si no lo pasa», considera Analía Ojeda; «estamos para ayudar a esas personas; en esta vida tenemos un propósito; no creo en las casualidades, sino en las causalidades; en YouTube está todo el juicio de Ema; es muy interesante; muy bien plasmado qué es el juicio por jurado; hay que entrar a YouTube, dice Juicio por Jurados 49, un loguito abajo dice Juicio por Jurados Chaco».

«Mañana [viernes] tengo la última audiencia», sigue la mamá de Diego Barreto; «estamos viendo la pena; el culpable quiere domiciliaria, pero cuando mató a mi hijo no pensó y es una persona que tiene muchísimos antecedentes; [en YouTube se pueden ver] aunque sea las partes más relevantes, donde están los médicos del hospital [Perrando], porque yo no pagué nada; vino la pandemia; recién después pude salir a buscar…, tuve que hacer yo el trabajo de la Fiscalía de Derechos Humanos».

«Ayer [viernes] tuvimos la audiencia», cuenta Analía tras la cita con Ernesto Azcona, juez de la Cámara Tercera en lo Penal; «hay un cuarto intermedio por el receso de invierno; después se va a dictar la condena; por ahora sigue detenido el preso». Delfino se encuentra alojado en el Departamento de Investigaciones de la Policía del Chaco.

El caso Barreto implica el primer veredicto que castiga en un juicio por jurados a un miembro de las fuerzas de seguridad chaqueñas por una muerte en custodia. Aunque la sentencia decepcionó a las querellas y la Fiscalía, pulverizó la estrategia de las defensas, que argumentaron, mediante Juan Carlos Ivancovich, perito de parte, que Diego murió lesionado al caer de su departamento, en vez de por «asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello», según la autopsia de Gabriela Lamparelli, directora del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial del Chaco.

Diego era un joven trabajador y familiero. Alquilaba un departamento en la zona sur de Resistencia. Se ganaba la vida como cajero del Supermercado Impulso, convivía con su novia Paula y tenía un hijo de cuatro años. La pareja planeaba ir de vacaciones a la provincia de Córdoba en marzo siguiente. Estaban hablando de casarse.

El asesinato se produjo la mañana del 13 de febrero de 2020 en la vereda del domicilio, avenida Edison 1395. Eran las 7.52 cuando Delfino, Campos y Barbona, todos de la Comisaría Séptima, lo redujeron con la excusa de que se encontraba alterado tras caer a la vereda desde el balcón de su departamento, un primer piso. La baranda del inmueble estaba visiblemente rota. Al parecer, el muchacho se desplomó al fallar esa contención. Una vez en el piso, comenzó a actuar de forma extraña, lo que alarmó a los vecinos. Sin embargo, en ningún momento se puso agresivo y estaba desarmado.

Los efectivos lo inmovilizaron contra el suelo, boca abajo, esposado y con una rodilla en la espalda. Diego se desvaneció y se puso morado. Gabriela Maidana, médica de la ambulancia de la Unidad Central de Coordinación de Emergencias Médicas constatará minutos después ausencia de signos vitales. Estaba muerto. La autopsia diagnosticará «asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello, probablemente por estrangulación antebraquial o armada, durante la aprehensión por fuerzas de seguridad».

Los testigos son numerosos y su relato coincidente. De entrada, Delfino le propinó golpes de rodilla en las costillas, mientras le torcía un brazo. Campos le jaló con fuerza los cabellos. Barbona le retorció los testículos. Tras la sesión de tortura en plena vía pública, lo arrastraron desde el piso de cemento hasta un sector donde había pasto.

Diego gritaba. Le colocaron esposas. Lo pusieron boca abajo. Un agente lo sujetó de las piernas. Otro, que sería Barbona, colocó una rodilla en su espalda, casi en la nuca, aplicándole todo el peso de su cuerpo, alrededor de cien kilos. La víctima comenzó a morder el pasto. Los vecinos alertaron que se estaba asfixiando. Que lo estaban reventando. Los uniformados respondieron que sabían lo que hacían. Ordenaron a los circunstantes que guardaran sus teléfonos celulares y que se abstuvieran de filmar.

Uno de los agentes pidió un balde con agua. La vecina inquirida dudó, pero al instante le acercó el recipiente y el arrojó el contenido sobre el contuso. Empapado, Diego dejó de gritar. Dejó de moverse. Sus pupilas se dilataron. Su piel se tornó azulada. Los testigos empezaron a murmurar y luego a exclamar que lo habían asesinado.

Luego de cometer el homicidio, quisieron hacer pasar al damnificado por un cocainómano violento. De manera repentina e inexplicable, apareció una bolsa de droga en el departamento junto a un plato con el polvo blanco y la Justicia abrió una causa en la Fiscalía Antidrogas. Sin embargo, la autopsia es tajante: «Los resultados del estudio de toxicología establecieron la ausencia de sustancias de interés toxicológico, no habiéndose detectado alcohol, fármacos ni estupefacientes –ni su metabolitos- en hisopado nasal, mucosa gástrica, sangre, órganos internos y encefálicos ni humor vítreo».

«Cuando llegué ahí lo primero que me preguntó un policía era si Diego se drogaba», relatará Paula, la pareja de la víctima, a la prensa, develando la artimaña. «Yo le contesté que no, y que, si él lo hacía, yo iba a darme cuenta. Que él nunca tomaba, que no se drogaba y que ni siquiera fumaba. Él incluso peleaba con su mamá para que no fumara, le apagaba los cigarrillos. El policía me preguntaba si estaba segura, porque me decía que estaba re drogado, que estaba redado vuelta. Me dijeron que me quede ahí, que no me podía ir. Quedé en el lugar y hablé con Milton, el padrastro de Diego. Él me decía que los policías le habían dicho lo mismo, que supuestamente Diego estaba re mal, redrogado».

El expediente fue al principio caratulado como suicidio. Pero Analía rechazó esa hipótesis inverosímil y logró, con intervención del Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco, que el acápite fuera cambiado por muerte en custodia. Algo acorde con la autopsia, que revela un hecho producto del accionar policial en el marco de una detención. «Esto se deriva», explicó a la prensa Kevin Nielsen, Vicepresidente del CPTCh, «de la aplicación del Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, conocido como Protocolo de Minnesota».

Luciano Santos, fiscal provisorio de Derechos Humanos, rotuló en 2021 la causa como homicidio preterintencional a pedido del CPTCh. Pero es una figura menor ¿Qué es el homicidio preterintencional? Matar sin intención. Al tiempo, en 2022, Santos imputó como coautores a Delfino, Campos y Barbona.

«Voy a hablar del fiscal que agarró el caso de mi hijo, que es Luciano Santos», dijo Analía por entonces en una entrevista periodística. «Yo iba repetidamente a hablar con él y me dijo que necesitaba más pruebas ¿Yo tengo que buscar más pruebas? ¿Es mi trabajo? No, es el trabajo de la Fiscalía. Santos cambió la carátula, pero puso preterintencional ¿Preterintencional? ¿En la vía pública? ¿Indefenso como estaba mi hijo? ¿El fiscal leyó el expediente? ¿Se tomó el trabajo de estudiarlo? ¿O solamente habla por lo que dice la Policía?»

«Ahora volvió el señor Daniel Turraca», agregó la mamá de Diego Barreto, en esa misma charla, sobre el entonces titular la fiscalía de Derechos Humanos. «No lo conozco, pero tampoco voy a ir más a ese lugar. Espero que este señor se tome el trabajo de leer el expediente como corresponde. Pero no creo. Porque ya pasó mucho tiempo y tiene que ser elevado a juicio. Para mí, ese lugar no es para esas personas. Necesitamos personas que escuchen a las víctimas y que estudien los casos.»

Aunque el sumario llegó a juicio por homicidio preterintencional, el jurado declaró a Delfino reo de homicidio culposo. Ambos conceptos jurídicos tienen castigos leves. Sobre todo el culposo, fórmula penal utilizada generalmente en hechos de tránsito, con mínima de un año de prisión y máxima de cinco. El preterintencional prevé tres de mínima y seis de máxima. Respecto de Campos y Barbona, el panorama es aún más tétrico, pues la absolución en un juicio por jurados es inapelable.

La lucha de Analía Ojeda por memoria, verdad y justicia le mereció en 2022 el premio Mario Bosch de la Legislatura chaqueña, dedicado a quienes hacen frente a la violencia institucional. Compartió el lauro con familiares de víctimas de la masacre de Napalpí, crimen de lesa humanidad que permanece impune. Fue perpetrado en 1924 en esa localidad rural chaqueña por la Policía, con un saldo de unos 400 muertos de las comunidades toba y mocoví.

«Fue un domingo a las 21», contó la mamá de Diego Barreto a la prensa sobre un ataque horrible que padeció. «Mis hijos de nueve y siete años estaban solos en la casa. Golpearon la puerta y dijeron que era la policía. Mis hijos le dicen que su papá y su mamá estaban en la iglesia. Nosotros tenemos que entregarles un papel urgente, les dijeron. Ante tanta insistencia, mi hijo de nueve años les abrió la puerta. Uno de ellos le sacó su celular, donde estaban agendados los números de nosotros, lo revisó y tomó el número de mi esposo. Lo llamó desde ahí y le dijo que estaba en nuestra casa porque tenía que entregarle un papel urgente, que era una citación para declarar al día siguiente. Un domingo a la noche, dos criaturas solas ¿A vos te parece? Ya hice la denuncia», explicó Analía. «Sé quiénes fueron, pero no lo voy a decir. Está en proceso de investigación. Eso se llama hostigamiento. Pero no les tengo miedo. Porque a lo que le tenía miedo, ya me sucedió. Ahora no le tengo miedo a nada.»

Sin filtro (Chaco), 10/7/2024

Sociedad
¿Existe la reparación por parte de la Justicia y el estado ente un asesinato en manos de un policía?
A la espera de la sentencia por el veredicto de culpabilidad dictaminado por un Jurado en la causa Barreto.

Fue imposible hacer una entrevista con la madre de Diego Barreto por su estado anímico posterior a conocer la sentencia del Jurado donde declaró no culpable a dos policías y culpable a quien actualmente es ex policía. Solo pudimos recabar algunas expresiones como que:

«Lo mejor que sucedió en este juicio fue que quedó demostrado con pruebas que mi hijo era una persona de bien, que se trató por todos los medios sembrar evidencias, no les bastó el sufrimiento que le provocaron a mi hijo en vida si no que trasladaron su resentimiento a su memoria como todo cobarde que no asume sus actos».

«Mi hijo sufrió la caída en un lugar y en un momento que no debía serlo o estaría en este momento con vida porque fue en ese momento en ese lugar que se cruzaron en la historia estas personas».

«Como todo trámite donde existe el pedido de justicia para un familiar, todo se enmarca en un dolor que solamente los que lo sufrieron pueden dar testimonio del desgaste físico psíquico y mental por lo que se debe atravesar, si a esto se suma el superar escollos que se sucedieron dentro del trámite de la búsqueda de la verdad para culminar este paso fundamental y recién desarrollar el duelo tan esperado».

«Uno como siempre pretende que todos sean culpables pero creo en la Justicia y ella misma a través de 12 personas dictaminaron que no todos obraron mal, dos policías fueron declarados no culpable ahora con el diario del lunes uno se pregunta cómo la burocracia estatal también es culpable de tener dentro del estado a funcionarios que se sintieron impune llegando a ocasionar este aberrante hecho que es el de matar a un inocente».

«La justicia no debe ser ejemplificadora a mi entender, solo debe ser justa y al encontrarme con que el victimario de mi hijo ya tenía antecedentes de violento y sigo sin entender como si fue detenido en el año 2018 y sentenciado en el mismo año la policía demoró tanto en expulsarlo».

«Una persona que posteriormente siguió con sus hechos de violencia hace poco observamos que otra vez vuelve a la victimización cuando agredió a agentes de tránsito en fontana y amenazó incluso a un periodista es por todo ello que necesito que la justicia actúe y le dé una pena para que dentro de un contexto de encierro pueda readaptarse a la sociedad y no que piense que todo lo soluciona con victimización abogados, etc.».

«Hoy por hoy la sociedad y mi familia peligra al tener a una persona así en las calles, a través de sus pocos años dentro de la fuerza adquirió conocimientos que lo vuelven peligroso no posee freno, trata de manipular las situaciones a su favor ya fue condenado por violento y hoy debe asumir una condena por un homicidio en la justicia está el no volver a permitir que una madre piedra a su hijo que es algo antinatural lo natural y lógico es que los hijos deben enterrar a sus padres».

Litigio (Chaco), 5/7/2024

Caso Barreto: declararon culpable por homicidio culposo a un policía y absolvieron a otros dos

Ese fue el veredicto al que arribó este viernes el jurado popular en el juicio por el asesinato en custodia policial de Diego Emanuel Barreto, ocurrido el 13 de febrero de 2020, en la zona sur de Resistencia. El oficial ayudante, Gastón Iván Delfino, fue declarado culpable por el delito de homicidio culposo, una calificación legal utilizada generalmente en accidentes de tránsito, con penas que van de 1 a 5 años de prisión. En tanto, el agente Esteban Campos y el subcomisario Armando Diego Barbona, fueron declarados no culpables.

El juicio por el asesinato en custodia policial de Diego Emanuel Barreto, ocurrido el 13 de febrero de 2020, en la zona sur de Resistencia, llegó a su fin este viernes con un veredicto que dejó gusto a poco para el Ministerio Público Fiscal, las querellas y sobre todo para la familia de la víctima.

El jurado popular acordó por unanimidad declarar la no culpabilidad de dos de los tres policías imputados. Se trata del agente Esteban Campos y el subcomisario Armando Diego Barbona. La ley que reglamenta los juicios por jurados determina que los veredictos de no culpabilidad son irrecurribles, por lo tanto la situación procesal de ambos ya se encuentra firme y no puede ser apelada en instancias superiores.

En tanto que el oficial ayudante, Gastón Iván Delfino fue declarado culpable pero no por el delito de homicidio preterintencional, como había llegado a este juicio, sino por el de homicidio culposo. Esta es una figura penal más leve, utilizada generalmente en los accidentes de tránsito, que tiene una pena mínima de 1 año de prisión y una máxima de 5 (la anterior calificación tenía una mínima de 3 años y una máxima de 6).

Recién en una próxima audiencia, denominada “de cesura”, el juez técnico, Ernesto Azcona, determinará qué pena le corresponderá al condenado Delfino. Al final de la audiencia, el magistrado le dictó la prisión preventiva y quedó alojado en el Departamento de Investigaciones de la Policía del Chaco. La defensa había solicitado la prisión domiciliaria, pero fue rechazada por el juez.

Histórico

El veredicto por el caso Barreto es histórico porque es el primero en la provincia en donde se condena en un juicio por jurados a un integrante de las fuerzas de Seguridad por un caso de muerte en custodia policial.

Si bien la condena no fue la esperada por las querellas ni por el Ministerio Público Fiscal, es importante destacar que se logró echar por tierra la teoría presentada por las defensas de los policías. A través de un perito de parte contratado para este caso, los abogados defensores intentaron convencer al jurado que Barreto murió por las heridas que se provocó al tirarse del primer piso de su departamento y no por “asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello”, tal cual había sido la conclusión de la autopsia realizada por la Directora del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial del Chaco, Gabriela Lamparelli.

Cabe recordar que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal de Cámara, Sergio Cáceres Olivera. La querella particular estuvo a cargo de Daniela Acosta Calvo (defensora oficial N° 5) y Estefanía Argarate (defensora oficial N° 7) como asesora técnica en representación de la familia de Barreto. En tanto que Roberto Sotelo participó como querellante institucional en representación del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

Mientras que las defensas estuvo a cargo del defensor oficial 6, Cristian Festorazzi Verbek (defensor oficial N° 6) y Paula Cuenca Torres (defensora oficial N°) por el condenado Delfino; Leandro García Redondo y Olga Mongelós por Campos y Sebastián Quintana y Leandro Fioravanti por Barbona.
El lunes fue la audiencia de selección de jurados. Luego pasaron a cuarto intermedio hasta el martes, momento en que Azcona leyó las instrucciones iniciales y las partes expusieron los alegatos de apertura. A continuación se desarrolló la instancia de producción de la prueba en la que durante las siguientes jornadas declararon veinte testigos.

En la mañana de este viernes la fiscalía, querella y defensa hicieron sus alegatos de cierre y Azcona leyó las instrucciones finales previas a la deliberación.

Los hechos

El asesinato de Barreto se produjo la durante la mañana del 13 de febrero de 2020, en inmediaciones de la avenida Edison 1395. Fue cuando el oficial ayudante Gastón Iván Delfino, el agente Esteban Campos y el subcomisario Armando Diego Barbona, todos de la Comisaría 7ª, lo “redujeron” en un momento donde se encontraba alterado luego de haber caído a la vereda desde el balcón de su departamento y, posteriormente, arrojarse al costado de un automóvil que, al ver la situación, había detenido su marcha para tratar de asistirlo.

Barreto falleció luego de ser abordado por los funcionarios policiales que lo asfixiaron hasta su muerte, de un modo similar al emblemático caso del afroamericano George Floyd que generó el movimiento “Black Lives Matter”. Floyd murió luego de que el policía de Mineápolis Derek Chauvin lo mantuviera reducido por más de 9 minutos en el suelo, también en la vía pública. Por ese hecho, Chauvin fue condenado a 22 años de prisión.

Las estrategias

Durante los alegatos de apertura y cierre, la parte acusadora coincidió en la estrategia. Tanto las querellas como el Ministerio Público Fiscal presentaron ante el jurado una narrativa en donde se deja a salvo a la institución policial (“no es un caso contra la policía”, repitieron), para centrar los hechos en el accionar específico de los uniformados Esteban Francisco Campos, Gastón Iván Delfino y Armando Diego Barbona. La idea era mostrar objetividad ante el jurado.

Remarcaron el hecho de que tampoco se está juzgando la intencionalidad de matar a Barreto. Para la parte acusadora, los imputados no quisieron hacerlo. De todos modos, ratificaron que el proceder fue excesivo y que eso derivó en la muerte del joven.

Señalaron que el joven no estaba agrediendo a nadie y no estaba armado. Solamente se encontraba con un cuadro de excitación psicomotriz producto de una crisis mental que requería de asistencia médica y no de brutalidad policial. Además, alertaron al jurado que desde las defensas se intentará menospreciar el trabajo de la perito Lamparelli.

Roberto Sotelo, representante de la querella institucional del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco.

Por su parte, desde las defensas hicieron foco en que el accionar policial y la forma en que fue reducido el joven de 25 años tuvo directa proporción al nivel de excitación psicomotriz que atravesaba en ese momento. Cuestionaron a las querellas por mencionar de manera tangencial lo ocurrido, teniendo en cuenta que la víctima se abalanzó hacia un auto estacionado que tenía tres personas en su habitáculo, las cuales fueron quienes llamaron a la policía. Y que además era un potencial riesgo para las personas que estaban en el lugar.

También relativizaron los resultados a los que arribó Lamparelli en su autopsia. Justamente, una de las cartas fuertes que exhibieron al jurado fue el análisis de la autopsia realizada por el perito de parte, Juan Carlos Ivancovich, quien arribó a la conclusión que Barreto murió por una serie de elementos vinculados principalmente a su caída del balcón y no por la compresión en la espalda.

Diego Emanuel Barreto tenía 25 años cuando murió en custodia policial aquel 13 de febrero de 2020. Era cajero del supermercado Impulso, estaba en pareja y tenía un hijo de cuatro años. Sus planes inmediatos eran ir de vacaciones a Córdoba, en marzo de aquel año. También planeaba casarse. No lo pudo hacer porque fue una víctima más de la brutalidad policial.

Radio Sudamericana (Corrientes), 3/7/2024

Ocurrió en 2020
Comenzó el juicio por jurados por la muerte de Diego Barreto
La muerte de Diego Barreto ocurrió durante la mañana del 13 de febrero de 2020 en inmediaciones de la avenida Edison 1395.

Este lunes 1° de julio comenzaron las audiencias en el juicio por jurados por la muerte de Diego Barreto. Hay tres imputados por homicidio preterintencional en el hecho que ocurrió en febrero de 2020: Esteban Francisco Campos, Gastón Iván Delfino y Armando Diego Barbona.

En el juicio intervienen el fiscal de Cámara Sergio Cáceres Olivera y la Fiscalía de Derechos Humanos; la querella particular a cargo de Daniela Acosta Calvo (defensora oficial N° 5) y Estefanía Argarate (defensora oficial N° 7) como asesora técnica en representación de la familia y Roberto Sotelo por el Comité de Prevención de la Tortura y Secretaría de Derechos Humanos.

En tanto que las defensas corren por cuenta del defensor oficial Nº6 Cristian Festorazzi Verbek y Paula Cuenca Torres (defensora oficial N°4) por Delfino; Leandro García Redondo y Olga Mongelos por Campos y Sebastián Quintana y Leandro Fioravanti por Barbona.

Este martes, tras la apertura de las instrucciones, comenzaron los alegatos de apertura de las partes. Momento más tarde, la instancia de producción de la prueba en la que se prevé que declaren 26 testigos.

El hecho

El 13 de febrero de 2020, Diego Emanuel Barreto, un trabajador de 25 años, murió luego de un episodio que involucró a personas que pasaban por la vía pública y a efectivos policiales. Su caso fue inicialmente caratulado como suicidio, pero Analía Ojeda, su madre, nunca aceptó esa versión y luchó para que se investigara y se llevara al banquillo de los acusados a quienes tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella consideran culpables.

Emanuel cayó del balcón de su vivienda en Resistencia. Testigos relatan que, tras la caída, intentó agarrarse a un auto que pasaba, lo que provocó la intervención de Gastón Delfino, Esteban Campos y Amando Leandro Barbona, los agentes imputados, quienes según la reconstrucción hecha por la fiscalía lo redujeron violentamente, causándole asfixia mecánica por compresión de cuello, diagnóstico que confirmó la autopsia.

Comité para la Prevención de la Tortura (Chaco), s/f

Violencia Institucional
Caso Diego Emanuel Barreto
Recaratulan la causa como muerte en custodia

A pedido de la querella del Comité para la Prevención de la Tortura, el Fiscal Especial en Derechos Humanos recaratuló la causa en la que se investiga la muerte de Diego Emanuel Barreto, pasando de suicidio a muerte en custodia. Anteriormente la madre de Barreto manifestó públicamente la disconformidad con la carátula del expediente, la cual continuaba como suicidio pese a que la autopsia dio como resultado que Emanuel había muerto producto del accionar policial en el marco de una detención.

Kevin Nielsen, Vicepresidente del CPTCh, expresó que “la carátula de la causa, si bien es distinta a la imputación, tiene un valor simbólico trascendental para las víctimas de Violencia Institucional. La carátula, que es el nombre que se le otorga al expediente, se fija conforme a las primeras actuaciones de la policía. Con lo cual, en los delitos cometidos por los funcionarios policiales, ésta suele reflejar una realidad distinta a la ocurrida. Por ello resulta fundamental que toda muerte que se produzca en el contexto de una detención sea además de investigada, también caratulada por los equipos fiscales desde un principio como una muerte en custodia, amén de las imputaciones sucesivas por delitos específicos que pudieran – o no – sobrevenir a lo largo de la investigación. Esto además de ser un reclamo constante de las familias de las personas fallecidas, se deriva como consecuencia de la aplicación del Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas conocido como Protocolo de Minnesota”.

El caso

El 13 de febrero de 2020 alrededor de las 8 de la mañana, en Avenida Edison al 1390, Diego Barreto fue detenido por funcionarios policiales de la Comisaria Séptima, quienes lo inmovilizaron contra el suelo, boca abajo, esposado y con una rodilla comprimiendo su espalda. Luego de un momento, según testigos presentes en el lugar, el joven se empezó a quedar quieto y a ponerse morado. Al acudir la ambulancia de la UCCEM [Unidad Central de Coordinación de Emergencias Médicas] se constató que Barreto ya no tenía signos vitales.

Según la autopsia realizada conforme el Protocolo de Minnesota arrojó como resultado que la causa de la muerte de Diego Emanuel Barreto fue por “asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello, probablemente por estrangulación ante-braquial o armada, durante la aprehensión por fuerzas de seguridad (muerte en custodia)”.

Alerta Urbana (Chaco), 1°/8/2022

Crimen de Diego Barreto
Lo mató la Policía, dijeron que fue un suicidio y hasta le plantaron cocaína

Diego Barreto fue asesinado en custodia policial el 13 de febrero de 2020 en Resistencia. Lo golpearon y lo sujetaron hasta asfixiarlo. Ocurrió en plena vía pública y ante la vista de todos.

No sólo eso: posterior a su muerte, le plantaron cocaína en su departamento. La causa fue caratulada como suicidio hasta que se la modificó dos años más tarde. Actualmente, hay tres policías imputados como coautores de homicidio preterintencional. Por este crimen, ninguno de ellos estuvo preso un solo día. En esta crónica, LITIGIO reconstruye lo que ocurrió aquella mañana de 2020, brinda detalles del expediente judicial y publica una entrevista con Analía Ojeda, mamá de Diego: “A mi hijo lo mató la policía y el Estado es responsable”.

Precisamente a las siete cincuenta y dos de la mañana, el 13 de febrero de 2020, en el momento en el que un grupo de policías tenía sujetado con fuerza extrema en el piso a una persona de 25 años, Agostina B. presenciaba de cerca la brutal escena, al igual que Ioana G. y Laura C., quienes habían salido de sus casas para ver lo que ocurría. En ese instante, Analía Ojeda recibía un llamado en el que le avisaban que su hijo había tenido un accidente y la médica, Gabriela Maidana, se encontraba arriba de una ambulancia, en camino para asistir a una persona herida que se había caído desde un balcón.

No se sabe cómo ni por qué, pero Diego Emanuel Barreto, un joven que trabajaba como cajero del supermercado Impulso, cayó del pequeño balcón de su departamento ubicado en un primer piso, en avenida Edison 1395, en la zona sur de Resistencia. La baranda se abría por el medio y era muy precaria. Previo a golpear contra la vereda, rodó sobre un techo de la planta baja. Por la escasa altura, no sufrió heridas de consideración pero, tras la caída, quedó en un estado de conmoción tal que comenzó a desvariar. Estaba aturdido y eufórico.

En ese momento, apareció un auto color blanco, parecido al de su mamá. El vehículo estaba por arrancar para marcharse de ahí, pero en ese instante Diego se prendió de la ventanilla y comenzó a gritarle “Te amo” a una joven, a quien no conocía, que estaba sentada del lado del acompañante. Las tres personas que estaban dentro del auto pararon la marcha, salieron y se quedaron mirándolo, extrañados por la situación. Diego terminó acostado en el asfalto, entre el cordón y el vehículo, prendido de una de las ruedas. Gritaba el nombre de una mujer, según los testigos.

―¿Qué le pasa? ―preguntó Agostina B. a Laura C., dueña del departamento que el joven alquilaba junto a su esposa y su hijo de 4 años. Ambas contemplaban la escena sin entender.

―No sé, pero llamé a su pareja―respondió.

Pararon dos policías en moto. Uno de ellos se bajó e intentó sacar a Diego para liberar el vehículo, pero estaba tan agarrado que no lo logró. Pidió refuerzos. Llegaron cuatro o cinco policías más, todos de la Comisaría Séptima. Lejos de solicitar asistencia a algún servicio especializado en salud mental o al menos esperar que llegue una ambulancia para saber por qué esa persona estaba en ese estado, optaron por solucionar el problema con violencia.

De acuerdo a los testigos que declararon en la causa, el oficial ayudante, Gastón Delfino, le propinó golpes con su rodilla en las costillas, mientras le torcía el brazo. El agente, Estaban Campos, lo jaló con fuerza de los cabellos y el subcomisario, Armando Barbona le retorció los testículos. Tras la sesión de tortura a la vista de todos, Diego se soltó y luego lo arrastraron hasta el pasto. Para ese entonces, el lugar era un pequeño tumulto de personas. Antes de ser asesinado por la policía, Diego Barreto cayó desde el pequeño balcón de su departamento.

Una vez reducido, le colocaron las esposas y lo dejaron boca abajo. Pero no conformes, siguieron haciéndole daño. Uno de los policías lo sujetó de las piernas, mientras que otro, que de acuerdo a las descripciones de los testigos sería Barbona, colocó su rodilla arriba de su espalda, casi a la altura de la nuca, aplicándole todo el peso de su cuerpo: alrededor de 100 kilos.

Diego comenzó a morder el pasto porque no podía respirar. Los vecinos alertaron a los policías que el joven se estaba asfixiando, que lo estaban matando. Los uniformados decían que no era así, que ellos sabían lo que hacían y que los dejen trabajar tranquilos. También pidieron que guarden sus celulares y que no filmen el procedimiento.

Uno de los policías le pidió a Ioana G. que le acerque un balde con agua para arrojárselo a Diego en la cabeza.

―¿Estás seguro que le vas a tirar agua? ―preguntó Ioana al policía.

―Si, si. Traeme.

Le acercó el balde y él se lo arrojó. Con su cabeza y su cara empapada, Diego dejó de gritar. Dejó de moverse. Sus pupilas se dilataron. Su piel se tornó azulada.

―Ese chico está muerto, ustedes lo mataron―gritaron los vecinos.

―No, si todavía tiene pulso―mintieron los policías.

Cuando llegó la ambulancia, Gabriela Maidana, médica de la Unidad Central de Coordinación de Emergencias Médicas, lo revisó y lo intentó reanimar. Los policías le dijeron que Diego estaba violento, que había convulsionado y que ellos lo sujetaban para “evitar daños mayores”. Maidana constató que estaba cianótico (la coloración de su piel era azul por la falta de oxígeno) y que no tenía signos vitales. Lo subieron y lo trasladaron de urgencia al hospital Perrando.

En el camino, la doctora le aplicó técnicas de reanimación de avanzada y logró que recupere el pulso, uno muy débil. Cuando llegaron al hospital, ya no había nada para hacer. Diego Barreto estaba muerto

La Comisaría Séptima envió la información sobre lo ocurrido a la fiscalía 3, a cargo de Rosana Soto, catalogando al hecho como un “suicidio”. Según ellos, Diego se mató al arrojarse de un primer piso. ¿Lo hicieron para ganar tiempo? ¿Desviar la investigación? No se sabe. Lo que sí se sabe es que la fiscalía tomó la información policial y la causa quedó caratulada de esa manera: “Barreto, Diego Emanuel s/suicidio”.

A pesar de esto, los profesionales del Instituto Médico Forense del Poder Judicial del Chaco (IMCIF) realizaron su trabajo conforme a las guías para autopsia del protocolo de Minnessota e investigaron pericialmente el caso como una muerte en custodia policial y no como un suicidio.

La autopsia se realizó ese mismo día a las 16.30 y finalizó a las 21. La hicieron la directora del IMCIF, Gabriela Lamparelli, junto a los auxiliares Laura Pelozo, Pablo Alderete Viñoni y Beatriz Gutiérrez. Lo que vieron, no dejó lugar a dudas.

El crimen de Diego Barreto tuvo la carátula de “suicidio” por casi dos años.

“El conjunto de hallazgos macroscópicos y microscópicos (…), permiten inferir que la causa de muerte Diego Emanuel Barreto se debió a asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello, probablemente por estrangulación antebraquial o armada, durante la aprehensión por fuerzas de seguridad (muerte en custodia)”, señaló el equipo forense en su informe.

Respecto de la conducta errática previa de Diego, los especialistas negaron que fuera producto de un golpe en la cabeza al caer al piso. Consideraron que pudo haber sufrido alguna clase de “episodio psicótico”, aunque tampoco lo pudieron confirmar.

Además, y sobre todo, descartaron el consumo de estupefacientes, alcohol o síndrome de abstinencia. “Los resultados del estudio de toxicología (…) establecieron la ausencia de sustancias de interés toxicológico, no habiéndose detectado alcohol, fármacos ni estupefacientes –ni su metabolitos- en hisopado nasal, mucosa gástrica, sangre, órganos internos y encefálicos ni humor vítreo”, indicaron.

“Los resultados permiten descartar el consumo de tóxicos orgánicos en los momentos -y varios días- anteriores al deceso, y descartar el consumo de alcohol en los momentos –y dentro de las 6 a 12 horas- anteriores al deceso. (…) Por otra parte, no se detectaron tóxicos orgánicos o sus metabolitos en tejido adiposo ni bilis, por lo que se infiere que la persona fallecida no era consumidor habitual y/o crónico”, añadieron.

Sin embargo, la policía intentó hacer pasar a Diego como un cocainómano violento. Lo hicieron al plantarle una bolsa con cocaína dentro de su departamento junto a un plato con el polvo blanco. Debido a este “hallazgo”, y en un giro aún más perverso, se abrió una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, la cual quedó radicada en la Fiscalía Antidrogas 1. ¿En qué momento se la plantaron? Justo después de matarlo.

Declaración de Paula F., pareja de Diego, ante la fiscal Soto: “Me llamó un Policía y me preguntó si era yo la mujer de Diego. Me dijo que le habían pasado mi número: ‘La llamo para informarle que Diego se tiró del balcón y que lo está llevando una ambulancia’, me contó. Me pidieron también que fuera al lugar, a mi departamento. Cuando llegué ahí lo primero que me preguntó un policía era si Diego se drogaba. Yo le contesté que no, y que, si él lo hacía, yo iba a darme cuenta. Que él nunca tomaba, que no se drogaba y que ni siquiera fumaba. Él incluso peleaba con su mamá para que no fumara, le apagaba los cigarrillos.»

«El policía me preguntaba si estaba segura, porque me decía que estaba re drogado, que estaba redado vuelta. Me dijeron que me quede ahí, que no me podía ir. Quedé en el lugar y hablé con Milton, el padrastro de Diego. Él me decía que los policías le habían dicho lo mismo, que supuestamente Diego estaba remal, redrogado. Milton después la fue a buscar a la mamá de Diego para llevarla al Hospital. A mí no me dejaron ir, me tuve que quedar ahí. (…) Yo le abrí el portón, porque estaba cerrado, después fui a tratar de abrir la puerta del departamento, siempre con la policía. Pero no pude abrir porque estaba la llave puesta del lado de adentro. Entonces un policía ingresó saltando y subiendo por la escalera y por el balcón. Este policía ingresó solo, y después de tardar un rato abrió la puerta.»

«El policía que subió solo tardó un poco en abrir la puerta, un ratito. Él me dijo que tenía que sacar fotos de como estaba, de la llave que estaba del lado de adentro. Este policía subió con la cámara. Yo esperé abajo hasta que abrieron y subí atrás de los policías. Subía un señor con una cámara, atrás la testigo y detrás subí yo. (…) En el departamento noté que una de las puertas que dan al balcón estaba rota, tirada en el piso. Yo no llegué a ingresar más, porque en ese momento pensaba en otras cosas. Me quedé cerca de la puerta nomas. Los policías sacaban fotos, revisaban. (…) En un momento, entré a buscar a nuestra perrita, que era chiquita, una caniche microtoy. Los policías me dijeron que pasara, pero que no toque nada. Al salir de la pieza, detrás de mí, un policía me dijo que encontró una bolsa.»

«En realidad, le dijo a un compañero: ‘Mirá esta bolsa’, y le mostraba una bolsita rara. Esta bolsa supuestamente estaba en el camino, por donde yo había pasado, pero yo nunca la vi, ni me percaté de nada. Supuestamente estaba en el piso. Ellos dijeron que podía ser droga, me volvieron a preguntar si él se drogaba. Yo le contesté que no, que yo nunca vi nada raro de él. Y les decía que me daría cuenta si estaba con alguien drogado. Me preguntaron si yo había visto esa bolsa, si la había visto antes o si tenía noción de eso. Yo les repetía que no, y que siempre limpiaba mi casa, además nunca lo vi entrar con nada de eso a Diego. Después de revisar todo y sacar fotos los policías no me dejaban ir.»

«Yo no la encontré a mi perrita, pero estaba abajo de la cama se ve que asustada, la encontré después. (…) Los policías me preguntaron y pidieron que, si Diego tenía celular, se los podía dar o entregar, entonces yo llamé al celular de Diego que empezó a sonar y los policías lo encontraron, lo pusieron en una bolsa y lo llevaron, me pidieron que desbloqueara el celular primero. Yo les mostré dibujándole la contraseña en un papel. Mientras la policía seguía en sus cosas, me llamó mi suegra. Ella me dijo que Diego había fallecido. Los policías vieron que me puse muy mal, que empecé a llorar. Un policía se me acercó y me dijo que ellos ya sabían que había muerto Diego, pero que no querían decirme”.

Ante la contundencia del informe forense y de los testimonios recabados, la fiscal Soto se declaró incompetente para continuar actuando en la causa y se la remitió a la fiscalía especial de Derechos Humanos. En mayo de 2020, la fiscal subrogante de DDHH, Nélida Villalba, aceptó la competencia, aunque la caratula de “suicidio” siguió sin modificaciones.

En octubre de 2021, a pedido del Comité para la Prevención de la Tortura, el fiscal provisorio de Derechos Humanos, Luciano Santos, recaratuló la causa como “homicidio preterintencional”, que, de acuerdo al Código Penal Argentino, prevé una pena irrisoria: reclusión de tres a seis años o prisión de uno a tres años. ¿Qué es el homicidio preterintencional? Es cuando alguien mata sin haber tenido la intención de hacerlo.

En febrero de este año, Santos imputó como coautores de este delito al oficial ayudante, Gastón Delfino; al agente, Esteban Francisco Campos y al subcomisario, Armando Diego Barbona. Delfino y Barbona se abstuvieron de declarar. Campos, en cambio, fue el único que declaró. ¿Qué dijo? Negó su responsabilidad, aseguró que había llegado cuando sus colegas ya lo tenían reducido a Diego y que en ningún momento lo tocó.

Hasta el cierre de esta crónica, ninguno pasó un solo día preso por este crimen. Uno de ellos, Delfino, fue expulsado de la fuerza en junio de este año tras un sumario administrativo. No lo echaron por el asesinato de Diego, sino por una denuncia presentada por su expareja por amenazas en contexto de violencia de género. El resto de los imputados sigue en funciones.

Los policías Esteban Francisco Campos, Armando Diego Barbona y Gastón Ivan Delfino están imputados por el crimen de Diego Barreto.

Actualmente, la causa continúa en etapa de investigación y se espera su pronta elevación a juicio oral. Además de la familia y el Comité para la Prevención de la Tortura, también se constituyó como querellante la Subsecretaría de Derechos Humanos del Chaco.

Analía Ojeda tiene esperanzas que el Juzgado de Garantías modifique la carátula por un delito mucho más grave y que a su vez se incluya la tortura previa que padeció su hijo. Su abogado también solicitó que se le tome declaración testimonial al resto de policías que participaron del operativo, quienes hasta el momento no fueron citados por la Justicia.

Analía lo dice mirando fijo, con los ojos acuosos. Lo dice pausado. Lo dice con potencia. Lo dice con tristeza. Es una tarde templada y húmeda de julio. Pasó poco más de un mes desde que la Legislatura chaqueña la reconoció con el premio Mario Bosch a la lucha contra la violencia institucional y más de dos años y cinco meses desde que mataron a Diego.

La oficina en la que se da esta conversación con LITIGIO está ubicada en un edificio del microcentro de Resistencia. Es el estudio jurídico de la prima de Sebastián Ponce de León, joven que murió en febrero de 2019 tras una golpiza policial propinada por efectivos de la Comisaría Primera de Barranqueras. En el Chaco, los familiares de víctimas de violencia institucional están más unidos que nunca.

―¿Qué recordás del día previo al crimen de Diego?

―Recuerdo que me llamó por teléfono para que vaya hasta su casa. Yo en ese momento estaba de vacaciones. Estuvimos hablando muchísimo. Tomamos mucho tereré. Fuimos al negocio juntos que queda en frente. Comimos papas fritas, yo le hacía mimitos, él después me sentó en su regazo, me dijo que él me adoraba, cosas así. Cosas de madre e hijo. Después vino un compañero del (supermercado) Impulso y se fueron juntos, creo que al doctor. Para eso eran las cinco de la tarde. Y yo me vine para mi casa. Después hablamos a la noche porque él era de mandar mensajes, de decir: “Má, llamame” o “Má, no te preocupes”. Todo el tiempo. Me acosté a dormir y al otro día, el 13 de febrero de 2020, recibo una llamada para que me vaya al Perrando porque Ema (por Diego) tuvo un accidente.

―La policía entró al departamento de tu hijo cuando en realidad lo mataron en la calle. ¿Por qué crees que ingresaron?

― Yo no sé por qué entraron al domicilio de mi hijo si no tenían que haber entrado. Él fue reducido y muerto en plena vía pública. Subió un solo efectivo policial, que ni siquiera rompió la puerta para entrar, que además tenía a dos testigos afuera, esperando. Tengo entendido que eso no se puede hacer, que eso no es legal. Se metieron a hacer cosas ahí, sinceramente. Cosas totalmente ilegales. Ellos tienen un modus operandi que cuando ven las cosas que hacen ya actúan de una determinada manera porque ya están formados para eso.

―Tuviste que ir a declarar a la Comisaría Séptima esa misma noche. ¿Cómo te trataron ahí?

―Fui muy maltrata. Una de las personas que estaba a cargo se reía todo el tiempo y me hablaba de una cantidad de sustancias que nunca en mi vida he visto. Que mi hijo estaba “totalmente dado vuelta”. En el estado en que yo estaba, no tenían por qué tomarme declaración en ese momento pero obviamente querían hacer esto porque tenían que armar su estrategia. Después que declaré, me sacaron de las manos el papel con mi declaración. Uno me dice: “Firme acá, rápido”. Era muy tarde, las once de la noche. “Firme que le voy a dar a esta persona, así se puede ir a retirar el cuerpo”. Pero cuando yo leo el papel ponen “Jonatan Diego Barreto”. Ahí le pregunté: “¿Qué me está dando? Este no es mi hijo”. “¡Entonces tiene que mirar lo que firma!”, me dijo y me empezó a decir una cantidad de cosas. Yo soy muy tranquila y le dije que soy una persona que leo todo lo que firmo porque trabajo en un lugar donde hay que leer todo lo que se firma. Se lo dije así, con este desaliento con el que te hablo ahora. Pero sí, fui maltratada.

―¿Qué pensás del trabajo de la fiscalía de Derechos Humanos?

―Voy a hablar del fiscal que agarró el caso de mi hijo, que es Luciano Santos. Yo iba repetidamente a hablar con él y me dijo que “necesitaba más pruebas”. ¿Yo tengo que buscar más pruebas? ¿Es mi trabajo? No: es el trabajo de la fiscalía. Ahora, Santos cambió la carátula, pero puso preterintencional. ¿Preterintencional? ¿En la vía pública, indefenso como estaba mi hijo? ¿El fiscal leyó el expediente? ¿Se tomó el trabajo de estudiarlo? ¿O solamente habla por lo que dice la policía? Ahora volvió el señor (Daniel) Turraca. No lo conozco, pero tampoco voy a ir más a ese lugar. Espero que este señor se tome el trabajo de leer el expediente como corresponde. Pero no creo. Porque ya pasó mucho tiempo y tiene que ser elevado a juicio. Para mí, ese lugar no es para esas personas. Necesitamos personas que escuchen a las víctimas y que estudien los casos.

Analía, junto al gobernador, Jorge Capitanich y la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga, en una reunión con familiares de víctimas de violencia institucional.

―¿Sufriste algún tipo de hostigamiento o amenazas desde que mataron a Diego?

―Hay una cuestión que ya está legalizada. Fue un domingo, a las 21. Mis hijos de 9 y 7 años estaban solos en la casa. Golpearon la puerta y dijeron que era la policía. Mis hijos le dicen que su papá y su mamá estaban en la iglesia. “Nosotros tenemos que entregarles un papel urgente”, les dijeron. Ante tanta insistencia, mi hijo de 9 años les abrió la puerta. Uno de ellos le sacó su celular, donde estaban agendados los números de nosotros, lo revisó y tomó el número de mi esposo. Lo llamó desde ahí y le dijo que estaba en nuestra casa porque tenía que entregarle un papel urgente, que era una citación para declarar al día siguiente. Un domingo a la noche, dos criaturas solas. ¿A vos te parece? Ya hice la denuncia.

―¿Sabés quiénes fueron los policías que hicieron eso?

―Sí, sé quiénes fueron, pero no lo voy a decir. Está en proceso de investigación. Eso se llama hostigamiento. Pero no les tengo miedo. Porque a lo que le tenía miedo, ya me sucedió. Ahora no le tengo miedo a nada.

Diario Chaco, 1°/6/2022

El Poder Legislativo entregó el Premio Mario Bosch a Analía Ojeda y víctimas de la Masacre de Napalpí

Se trata de la distinción institucional del Poder Legislativo de Chaco hacia una persona física o jurídica que se destaque por su compromiso en la lucha contra la violencia institucional, que en su edición 2022, fue otorgada a Analía Ojeda y víctimas de la Masacre de Napalpí.

El acto se realizó en el Recinto de Sesiones de la Legislatura y fue encabezado por la diputada Alicia Digiuni, junto a los diputados Hugo Sager, Zulma Galeano, Rodrigo Ocampo, Mariela Quirós y Tere Cubells. Acompañaron el encuentro Nayla Bosch, subsecretaria de Derechos Humanos, representantes del Comité de Prevención Contra la Tortura, y de la Comisión por la Memoria.

Se reconoció con el premio Bosch, la lucha de Ojeda, madre de Diego Emmanuel Barreto, un joven de 25 años que fue muerto en custodia de la policía de la Provincia del Chaco. Ojeda se movilizó para encontrar testigos y pruebas que puedan encauzar la investigación judicial en la posible comisión de un delito cometido por fuerzas de seguridad y que hace dos años que espera el juicio para determinar la responsabilidad de los agentes policiales que participaron de la detención de su hijo, con múltiples dilaciones.

En una doble premiación, también se distinguió a las víctimas de la Masacre de Napalpí, este crimen de lesa humanidad, cometido en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas, sentenciando al Estado como responsable de la planificación, ejecución y encubrimiento del homicidio agravado con ensañamiento con impulso de perversidad brutal en 1924 contra comunidades originarias de la provincia.

Luego de destacar, además, la labor de los integrantes del jurado que tuvo a su cargo el análisis de las propuestas y reconocer a los postulantes que participaron, la diputada Digiuni destacó el proceso de selección de los galardonados.

«Fue un arduo trabajo, porque los postulantes todos tenían el mérito de ser reconocidos, tanto los dos abogados en su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la violencia institucional, como las víctimas de la Masacre de Napalpí, que justo este año se logró la sentencia definitiva de declarar un hecho de lesa humanidad. Cuando tuvimos la tarea de definir la premiación, nos pareció oportuno mandar un mensaje de esta lucha que hace Analía, por la muerte de su hijo, para que este hecho no quede impune, que todos estamos en contra de la violencia institucional, y que todos tenemos que trabajar para que esto no ocurra», argumentó sobre la elección de los distinguidos.

Por su parte, Ojeda manifestó: «Estar recibiendo este reconocimiento por salir a luchar y pedir justicia por la muerte tan trágica que tuvo mi hijo es algo que no se puede explicar. Estas acciones son importantes para que se revean las cosas que estar haciendo mal en lo institucional y que se reconozcan también a esas personas que quedaron sin su papá, por mi nieto, que cada vez que me mira me mira mi hijo y pedirle por favor que piensen en mi hijo y en todas las personas que están atravesando este trágico proceso y que nos robaron la mitad de nuestra alma».