Humberto Galíndez: «Diego Pachao fue víctima de tortura seguida de muerte»

16/11/2023

Claudia Véliz, mamá del damnificado, apelará a la Corte Suprema de la Nación por el crimen del joven de 20 años, ocurrido en 2012 en la Comisaría Séptima de la ciudad de Catamarca. Repudia el último fallo del Máximo Tribunal de la provincia, pues considera que confirmó la impunidad. Pide que sean condenados 12 policías por detención ilegal y tormentos continuados del deceso. La mujer habló durante un panel organizado para recordar los 40 años de democracia. La acompañaron entre otros Hebe, hermana del fallecido; Humberto Galíndez, abogado de la familia; Luis Rodríguez, experto en derechos de niños y adolescentes; y Ana Radusky, defensora de derechos humanos.

«Me tocó ver el reclamo por Diego desde afuera y desde adentro», contó Galíndez, alias Yiyo, «porque todas las veces que pude acompañé a la familia, más precisamente a Telmo Pachao, el papá, en las protestas que se hacían; ver desde afuera y desde adentro me dio una mirada integradora de cómo funcionan las cosas en la institución represiva por excelencia; ya la había conocido desde adentro, no por mi ejercicio como abogado, sino porque fui víctima de apremios ilegales; fui secuestrado en las calles de Villa Dolores, estuve varias horas guardado, tras simulacros de que me iban a ahogar en el dique El Jumeal…».

«En el caso Pachao queda expuesto cómo actúan los poderes del Estado para salvar a sus hombres; nosotros usamos un neologismo que Claudia repite siempre, polijueces; la Justicia es un entramado no tan solo de corrupción, sino también de protección del sistema policial, la familia policial; a pesar de las denuncias de apremios que salen en la prensa, son muy pocos… apuesto que de cien deben llegar dos a la instrucción y uno solo a juicio y ni siquiera; realmente no me acuerdo de policías que hayan sido enjuiciados; en el caso de Diego hubo una condena mínima por apremios y había torturas de por medio».

«El Código de faltas es el instrumento legal, junto al Reglamento orgánico de la Comisaría, que otorga a la Policía facultades casi de carácter jurisdiccional para detener a cualquier persona, cualquier ciudadano por averiguación de medios de vida o distintos motivos como no portar la identificación, cuando todos sabemos que eso es ilegal y antidemocrático; obtuvimos un pronunciamiento de la Cámara del Crimen, que juzgó el caso de Diego, sobre la inconstitucionalidad de este entramado; la Legislatura ya debería estar trabajando para derogar estas normas vigentes en la provincia de Catamarca».