Claudia Véliz: «Que los responsables paguen por el daño que causaron»
16/3/2026
por Lucio Casarini
Diego Iván Pachao, el sexto de sus nueve hijos, tenía 20 años cuando murió el 14 de marzo de 2012 tras ser detenido ilegalmente y torturado por policías de la Comisaría Séptima de la ciudad de Catamarca. En un nuevo aniversario del crimen, la madre reitera el pedido de justicia, cuestiona a la fiscal y exige el cartel pendiente.
«Obviamente que con todos los años del mundo que vayan a prisión no van a compensar lo que hicieron; no me van a devolver a mi hijo; creo que buena parte de la sociedad es consciente de que esto sucede muy a menudo; la Policía es represora, es torturadora y es violenta; no digo que sean todos; el que considere lo contrario se tapa los oídos y se tapa los ojos; esto no debería pasar; lo sufrió mi Diego hace 14 años; después hubo otra muerte en manos de uniformados, el chico Miguel Cardozo, y se siguen sucediendo día a día hechos de violencia en las comisarías y en las calles por parte de efectivos».
El sol inunda con sus rayos potentes la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Es una mañana espléndida. Claudia Liliana Véliz luce anteojos oscuros mientras habla de pie con la prensa. «Diego Pachao presente», anuncia en letras negras y rojas pintadas a mano una pancarta blanca con el rostro del joven; «basta de gatillo fácil», exige. «Juicio y castigo a los asesinos de Diego», reclama otro cartel de diseño similar, que nombra a los 13 efectivos acusados por el crimen. El rosado intenso de los muros y las columnas de la Catedral le da un toque pintoresco al fondo de la escena.
«Son 14 años de impunidad, sin justicia; 14 largos y dolorosos años», se acongoja la madre en diálogo con el periódico Catamarca es Noticia, que de inmediato publica el video en su página de Facebook y en apenas minutos suma miles de lectores; la cobertura es esencial para la opinión pública; «no nos permiten terminar de hacer el duelo y a mi Diego no lo dejan descansar en paz; creo que la mayor fuerza que tengo viene de parte de Dios; le pido día a día y todas las veces que sea, en el día inclusive, que me dé fortaleza para seguir; es muy duro, es muy difícil; más aún cuando se remueven todas las heridas».
Aviso difundido en las redes sociales de internet.
Claudia en diálogo con Catamarca es Noticia, 16 de marzo de 2026.
La foto de cabecera de esta nota muestra a Claudia en la Plaza 25 de Mayo escoltada, de izquierda a derecha, por tres amigos: Eduardo Argañaraz, colaborador; Humberto Galíndez, alias Yiyo, representante legal; y Luis Rodríguez, defensor de derechos humanos. Entre todos han trabajado para deplegar media docena de letreros de tela que han atado con cuerdas o hilos a las columnas de luz y el pie del reloj de aguja. Mientras ella charla con el cronista del medio citado, Rodríguez lo hace con el reportero de otro diario, Informe 24 Catamarca, acerca del escándalo de Paola González Pinto, la fiscal del caso.
«Estamos nuevamente lidiando con el Poder Judicial», explica Claudia; «porque se pidió en 2024 desde la Corte de Justicia provincial a la Fiscalía que se investigue a dos policías que fueron señalados en rueda de reconocimiento; ellos son Nelson Bayón y Fabián Vizcarra; lamentablemente, la fiscal González Pinto no cumplió con lo que se le pedía y se abocó a resolver el sobreseimiento de otros dos policías que son también asesinos: Sotomayor, José Daniel, y Moya, Pedro Hilario; este último es el chofer de policía que lo lleva en el móvil a mi hijo; estos dos quedaron sobreseídos y la causa fue archivada».
Una de las pancartas colgadas en la Plaza 25 de Mayo.
Paola González Pinto, fiscal del caso Diego Pachao.
«No resolvió, lamentablemente, el pedido de investigación a estos otros dos, que son señalados como autores materiales; vamos a hacer una denuncia contra esta mujer por su mal desempeño, su mal proceder; la presentaremos esta semana». La falta que atribuye a Pinto se denomina prevaricato, hablando con exactitud. Es un delito cometido por un servidor público (juez, funcionario, autoridad administrativa) que dicta una resolución o dictamen manifiestamente injusto, a sabiendas de que es contrario a la ley. Suele basarse en la corrupción, dolo o ignorancia inexcusable para favorecer intereses particulares.
«Realmente, muchos se confunden y creen que cuando hay un juicio ya se terminó todo, ya se cumplió con lo que se tenía que cumplir», agrega la mamá de Diego sobre el proceso oral y público realizado en 2022, que ha levantado enorme polvareda; «este juicio fue, la verdad, vergonzoso, un mamarracho; no fueron juzgados todos los policías que tenían que ser, los 13 que estuvieron en diferentes guardias al tanto del estado de mi hijo; por acción u omisión son responsables de la muerte de Diego; solamente seis fueron al banquillo; de esos, únicamente cuatro tuvieron una condena, que considero insuficiente».
Una de las pancartas colgadas en la Plaza 25 de Mayo.
Luis Rodríguez en diálogo con Informe 24 Catamarca, 16 de marzo de 2026.
«A uno le dieron dos años», se refiere a Claudio Yani Nieva; «vuelve a su casa con una vida normal», se indigna Claudia. A su alrededor circulan peatones que van y vienen; oficinistas apurados, estudiantes distraídos, vendedores callejeros, alguna señora que mira curiosa llevando la bolsa de los mandados. «En 2023 dejan libre a Ricardo Javier Varela; tuvimos que lidiar para que vuelva a prisión», menciona al policía que recibió cuatro años; «entonces, con un juicio no es suficiente, más cuando no se cumple con lo que debe ser, no van a prisión todos los responsables y no son los años de castigo suficientes».
El juicio oral y público urdido en 2022 en la Cámara Criminal 2 de los Tribunales de Catamarca consideró probada la responsabilidad de Gustavo Eduardo Bulacios (16 años de cárcel por privación ilegítima de la libertad y tortura), Ricardo Darío Barrera (ocho años por tortura), Varela (vejaciones agravadas) y Nieva (vejaciones, de cumplimiento en libertad). Los tres primeros fueron a prisión de inmediato. Los otros dos acusados, Ramón Ariel Quevedo, subcomisario, y Jorge Duilio Montivero recibieron el beneficio de la duda. En 2023, el veredicto fue confirmado por la Corte de Justicia de la provincia.
Claudia Véliz, Luis Rodríguez y otros en la previa, Plaza 25 de Mayo.
Diego Pachao con su mamá, Claudia Véliz.
Diego es solo la primera víctima fatal de esta historia. El drama suma tres fallecidos, pues Telmo Alejandro Pachao, papá del joven e impulsor destacado de la denuncia, y Leonel González, amigo de Diego y principal testigo del crimen de este, perdieron la vida en circunstancias extrañas nunca investigadas. Telmo fue hallado con la cabeza rota al borde de una calle. Dos policías que se habrían declarado únicos observadores dijeron que chocó solo contra un árbol en moto. Ocurrió en 2017. Leonel apareció ahorcado en otro árbol, en el dique El Jumeal, un espacio público, con medio cuerpo en el agua. Sucedió en 2019.
«Hace tres años venimos solicitando», escribió Claudia el 3 de marzo en su página de Facebook, «nos autoricen la colocación del cartel de señalización en la puerta de la Comisaría Séptima, lugar donde mi hijo Diego Iván Pachao fue brutalmente torturado y asesinado por 13 policías». La publicación puede contemplarse junto a una imagen de fondo azul titulada «Diego Pachao presente». Es la misma que se encuentra adjunta a esta nota. «Visibilización a 14 años sin Diego», continúa el aviso. El diseño tiene una foto del letrero en cuestión, que replica un modelo usado en toda la República Argentina.
Los nueve hijos de Claudia Véliz. Diego ríe abrazando a Florencia y Yael.
Evento en la Universidad Nacional de Catamarca, 2024.
«La ley 26.811, artículo 3 [sancionada por el Congreso Nacional en 2012], avala la cartelería por crímenes de lesa humanidad para que sea un nunca más», continúa ella en Facebook. «Este 14 de marzo se cumplen 14 años de ese maldito día en que me arrancaron a mi ángel Diego. Por tal motivo presentamos nuevamente notas para que se nos autorice ese día el acto y posterior colocación del cartel. Tengan a bien ayudarnos y que se realice esto con lo que venimos lidiando desde tantos años. Por la memoria, verdad y justicia. Por mi hijo Diego Iván Pachao. Agradeceré puedan ayudarme a difundir».
«No hay justicia porque el juicio que se realizó en 2022 fue un desastre vergonzoso», reitera la madre de pie con sus anteojos oscuros, ahora interrogada por el periodista de Informe 24 Catamarca; «la justicia a medias no es justicia; son 14 años pidiendo que se investigue, que se cumpla con lo que corresponde para darnos el descanso a la familia; en especial por la memoria y el alma de mi hijo Diego; que se tenga un poco de consideración por el almita de mi ángel; ya necesita, después de tantos años, descansar en paz; la familia también, porque esto realmente es muy desgastante; la verdad, es lamentable».
Una de las pancartas colgadas en la Plaza 25 de Mayo.
Diseño del cartel que debe ser colocado en la vereda de la Comisaría Séptima.
Esta charla con Informe 24 Catamarca se encuentra asimismo disponible en Facebook en formato audiovisual, al igual que la que continúa. «Para hacer una breve reseña, todo sucedió por una causa totalmente injusta», responde Claudia al siguiente cronista, que pertenece al diario La Unión; «a él lo detienen solamente por pedir que no le peguen al amigo [Leonel González, el testigo clave de final tremendo y enigmático]; lo estaban haciendo en la vía pública, agarrándolo a patadas; él solo pidió que no le peguen y ese fue el motivo por el cual lo arrestan y allá en la Comisaría se hacen dueños de la vida de él».
«20 años tenía mi hijo», resalta la madre; «fue una lucha larguísima con los tres poderes del Estado, que lamentablemente siempre demostraron estar del otro lado, no del lado de la víctima ni de los familiares; para llegar a juicio, después de tantos años, en 2022, tuvimos que peregrinar día y noche, realmente, para llegar a esa instancia; el juicio, la verdad, fue vergonzoso», insiste; «no se tuvieron en cuenta muchas pruebas; solamente llegaron seis de los 13 policías responsables por acción u omisión; de esos seis, solo cuatro van a prisión; en realidad, tres; porque uno recibió dos años…»
Claudia Véliz entrevistada en la Plaza 25 de Mayo.
Luis Rodríguez entrevistado en la Plaza 25 de Mayo.
«…Los otros fueron castigados con cuatro, ocho y 16», enumera; «esperemos que realmente estén cumpliendo la condena como corresponde; sabemos que muchas veces los policías tienen tantos privilegios, están tan respaldados por los tres poderes que hasta salen de la cárcel, tienen sus permisos», se indigna la entrevistada; «en 2024, desde la Corte de Justicia se pidió la investigación de dos policías que estaban solicitados desde el año 2012; Nelson Bayón y Fabián Vizcarra», repite la trama sospechosa que parece envolver a estos efectivos, «que fueron señalados como principales golpeadores».
«Llegó a manos de la fiscal González Pinto; esta mujer hizo caso omiso de esa situación; por el contrario, lo que hizo es dejar sobreseídos a otros dos policías, que también son responsables: Sotomayor, José Daniel, y Moya, Pedro Hilario, que es el chofer del móvil en que llevan a mi hijo; la Justicia tiene que cumplir con lo que debe; en este caso, estamos pidiendo que se resuelva la situación de Bayón y Vizcarra; fueron señalados en rueda de reconocimiento; no sé como se puede ser que una persona que está desempeñandose como fiscal haga eso, deje sobreseídos a otros dos policías y no investigue a estos dos».
Una de las pancartas colgadas en la Plaza 25 de Mayo.
Eduardo Argañaraz, Yiyo Galíndez, Luis Rodríguez y Claudia Véliz.
«Justicia es pedir lo justo», sintetiza Claudia su anhelo; «mi vida como madre es bastante dura, porque a pesar de tener ocho hijos más, esa parte siempre falta; no se lo deseo a nadie, realmente; que el Poder Judicial cumpla con lo que debe ser; que la Policía deje de ser represora y torturadora; que no causen tanto daño, tanto dolor, como pasó en este caso, y se lleven la vida de un inocente, como es mi hijo Diego; nosotros reclamamos y ellos siempre tienen sus argumentos; muchas veces hay que ajustarse a eso; uno reclama lo que le parece que debe ser, pero ellos tienen la última palabra, lamentablemente».
«En ese cartel están los policías que asesinaron a mi hijo», camina la entrevistada hasta una de las pancartas descriptas, seguida por el reportero de La Unión y quien filma; «comisario Méndez, Rafael Dionisio, ya falleció [en 2022, meses después de declarar en el juicio como simple testigo, en un descargo considerado bochornoso, por sus incoherencias y detalles insólitos]; el subcomisario Quevedo, Ramón Ariel, quedó sobreseído en el juicio; el oficial Bulacios, con 16 años de prisión; Moya, Pedro Hilario, que fue sobreseído por la fiscal González Pinto; Barrera, Ricardo Darío; Acevedo María Guadalupe…»
«…Varela, Ricardo; Nieva, Claudio Yani; Montivero, Jorge Duilio; Sotomayor, José Daniel; el médico de policía, Gallo Canciani; y los efectivos señalados en rueda de recononimiento, Vizcarra, Fabián, y Bayón, Nelson», completa Claudia Liliana Véliz la lectura de los 13 implicados por la familia de Diego; «son los que necesitamos que se investigue y que vayan a prisión», vuelve a mirar al periodista a través de sus anteojos oscuros; «como corresponde; que vayan a juicio primeramente y que vayan a la cárcel, como debe ser; que paguen por el daño que causaron; simplemente, que se haga justicia».