Susana Pintos: «Por Mauro voy a llegar hasta la Corte Interamericana»
30/7/2025
por Lucio Casarini
Considera probado que su hijo, el soldado Mauro Ramírez, fue fusilado por miembros del Ejército el 26 de junio de 2003 en su puesto de guardia, Regimiento de Apóstoles, provincia de Misiones. El caso nunca tuvo un detenido. El 14 de agosto habrá audiencia en la Sala Uno de la Cámara Federal de Casación Penal, Tribunales del barrio porteño de Retiro.
«Como madre, siento que la balanza se inclinó para los exintegrantes del Ejército; no estoy en contra del Ejército, estoy en contra de las personas que mataron a mi hijo; quiero que se individualice y se sepa quién es el responsable y se haga justicia; surgieron muchos casos después del de Mauro en distintas unidades militares del nivel nacional; ya no más de soldados voluntarios en Misiones; mi lucha es por los jóvenes que quedan, que siguen adentro, que tienen el mismo sentimiento patriótico que mi hijo, la vocación de servicio a la patria, el amor por la bandera».
Aunque en 22 años nunca hubo un detenido, Susana Mónica Pintos sigue luchando. Ahora aguarda la audiencia que el 14 de agosto hará la Sala Uno de la Cámara Federal de Casación Penal, Tribunales del barrio porteño de Retiro. Sus palabras (audio de la nota) corresponden al diálogo con Radio Up (FM 92.5) de la provincia de Misiones. La docente originaria de Barranqueras, Chaco, considera probado que su hijo, el soldado Mauro Francisco Ramírez, de 22 años, fue fusilado por miembros del Ejército en su puesto de guardia, Regimiento de Apóstoles.
El horror ocurrió el 26 de junio de 2003. El último aniversario la madre colocó una ofrenda floral (foto de cabecera) en la placa en memoria de la víctima, frente al Juzgado Federal de la ciudad de Posadas. La acompañaron Juan Manuel Irrazábal, presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (campera azul); tres representantes de la Legislatura de Chaco: Gustavo Gómez, secretario de Derechos Humanos; Nelson Viera, asesor legal del mismo cuerpo; y Mía Colussi, secretaria de la Comisión de Género; y Walter Suligoy, abogado chaqueño.
Susana Pintos con la prensa en el Regimiento Monte 30 durante el 22 aniversario del drama, el 26 de junio.
«La institución en sí no es el problema», agrega Susana en este video, «sino los responsables que no están controlando que hay personas como jefes que se creen que son dueños de la vida de nuestros hijos; eso se tiene que terminar; los chicos tienen que hacer su servicio voluntario sin ser maltratados o fusilados; sin quedar parapléjicos, como Michael Verón, un caso de Apóstoles; me solidarizo con la mamá; en Córdoba, Pablo Córdoba apareció con dos disparos en la cabeza y lo hacen pasar por suicidio; está el caso [de Matías Ezequiel] Chirino en Corrientes».
La agenda del último aniversario del crimen de Mauro Ramírez comenzó con la mencionada ofrenda floral. A continuación, la madre dialogó con los periodistas en otro sitio emblemático, la Plaza 9 de Julio, frente a la Casa de Gobierno de Misiones. Como corolario, ella y el resto de la comitiva se trasladaron 70 kilómetros hasta el Regimiento de Infantería Monte 30, en Apóstoles, específicamente la garita del Puesto 2, donde fue hallado el cuerpo sin vida. El video corresponde a esta parte de la jornada, cuando ella pudo conversar con el canal Cable Norte.
Susana Pintos con una pancarta de su hijo Mauro Ramírez frente a la Gobernación misionera.
La audiencia prevista para el 14 de agosto en la Sala Uno de la Cámara Federal de Casación Penal ocurrirá con una novedad considerable, la presentación como amicus curiae del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que se suma en ese papel a la Comisión Provincial por la Memoria, con sede en la ciudad de La Plata. Amicus curiae es una expresión de ascendencia latina que significa amigo de la corte. En el ámbito legal, se refiere a una persona o grupo que, aunque no es parte del proceso, acerca información o argumentos al tribunal.
La Comisión Provincial por la Memoria bonaerense fue introducida cuando el expediente se encontraba en manos de Miguel Ángel Guerrero, juez federal de Eldorado, Misiones. Adolfo Pérez Esquivel, presidente del organismo y Premio Nobel de la Paz, fue el principal auspiciante. La iniciativa incluyó la firma de otros dos integrantes destacados de la entidad, Roberto Félix Cipriano García, psicólogo social, y Margarita Jarque, abogada. Se trata de un instituto público autónomo y autárquico que promueve políticas públicas de derechos humanos.
Susana Pintos y otros en el Regimiento Monte 30 de Apóstoles, en el 22 aniversario del hecho, el 26 de junio.
«El soldado chaqueño Mauro Francisco Ramírez, de 22 años», comienza un texto entregado por Susana a la prensa, «que se desempeñaba como voluntario en el Regimiento de Infantería Monte 30, de Apóstoles, apareció muerto de un tiro de fusil el 26 de junio de 2003 en una de las casillas de guardia ubicada detrás del barrio militar de la citada localidad de la provincia de Misiones. Su cuerpo fue hallado dentro del cuartel con su uniforme completo y un balazo en el pecho».
«Pese a que el soldado Ramírez murió dentro de una dependencia del Ejército, razón por la cual debía intervenir la Justicia Federal desde el principio, el juez penal provincial de Apóstoles José Antonio Reyes tomo a su cargo la causa. En tres meses decidió que el expediente debía ser enviado al archivo, al concluir que se trató de un suicidio».
Escrito de la Cámara de Diputados chaqueña.
«Ese año, Susana Pintos, madre del soldado Ramírez, acude a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco y solicita la intervención de un juez federal. A partir de entonces, la causa fue reabierta y quedó en el ámbito de la Justicia Federal de Posadas. En la presentación, el fiscal federal Juan Carlos Tesoriero le solicitó a José Reyes el expediente de la causa encontrando resistencia por parte del magistrado, quien rechaza con escasos argumentos la petición y provoca que la causa deba ser resuelta por la Corte Suprema de la Nación, que falló a favor de la competencia federal. El expediente quedó caratulado como: ‘presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputada María Cristina Barrios, s/eleva actuaciones – denuncia Susana Mónica Pintos s/supuesto homicidio expediente 6762/03».
Susana Pintos y otros en el puesto de guardia donde murió su hijo Mauro, al cumplirse 22 años del hecho, el pasado 26 de junio.
«En marzo de 2006 se llevó a cabo una reconstrucción del hecho con un uniformado con los mismos rasgos físicos del militar muerto que medía 185 centímetros de altura. El perito criminólogo Enrique Prueger, integrante de la querella por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sostuvo que el fusil no se encontraba apoyado en la víctima sino a una distancia no menor de 25 centímetro. El largo del brazo no permite el disparo sin contacto con el cuerpo. Agregó que la imposibilidad de que se hubiera apoyado el fusil en el cuerpo previo al disparo surge de la inexistencia de pólvora en sus ropas y de quemaduras y tatuajes característicos de disparos a menos distancia. Para el mismo, la víctima estaba de rodillas o sentada cuando le dispararon.»
El soldado Mauro Francisco Ramírez tenía 22 años.
«En las fotos del cuerpo de Ramírez, el soldado está con el arma en las rodillas y sus manos sujetan las correas laterales del FAL», continúa el resumen del caso distribuido por Susana. «Para dispararse en el pecho debió apoyar el fusil en el suelo, ya que debido a su tamaño no se la puede sostener en el aire.»
«Informes de la Policía Científica de la Gendamería Nacional detallaron que no se encontraron rastros de pólvora en el uniforme que vestía el soldado en el momento de su muerte cuando se realizaron las pericias y esto fortaleció la hipótesis de que el soldado no se suicidó. El documento de la Dirección de la mencionada Policía Científica dio cuenta de un detallado informe que en su parte mas relevante expresó: ‘en el uniforme que vestía el soldado en el momento de su muerte, chaqueta y remera, no se encontraron restos de pólvora. Este es el segundo estudio pericial realizado sobre las prendas del soldado Ramírez con resultados similares, hechos por el Laboratorio Químico de la Policía Federal con asiento en Buenos Aires».
Susana Pintos frente a la Gobernación misionera en el 22 aniversario del drama, el 26 de junio.
«Este nuevo estudio ayudó a aportar más elementos, dando respaldo a la teoría de la muerte por accidente u homicidio por parte de un tercero».
«En el marco de la investigación también se había logrado la exhumación del cuerpo del soldado en el Cementerio de Barranqueras».
«Sin embargo y mas allá de los peritajes que dieron forma a estas hipótesis sobre un accidente u homicidio, la titular subrogante del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas determinó la inexistencia del delito, artículo 195 del Código Procesal Penal de la Nación, y dispuso el archivo de las actuaciones sin más trámite. Luego la Cámara Federal de Apelaciones entendió que la causa debía archivarse, pero no por inexistencia del delito sino por la imposibilidad de producir nuevas medidas.»
El soldado Mauro Francisco Ramírez tenía 22 años.
«En abril de 2016, la causa fue reabierta. La investigación quedó en manos del juez federal de Eldorado Miguel Ángel Guerrero y un equipo de fiscales federales conformado por: Carlos Amat, de Salta; Rubén González Glaría, de Posadas; y Miguel Palazzani, fiscal general titular de la Procuvin [Procuradoría contra la Violencia institucional]. Además, cuenta con la intervención de Gabriel Jarque, defensor oficial de Bahía Blanca, para evitar conflictos que se suscitaron al momento de la pesquisa. Además, María Verónica Skanata, jueza federal de Posadas, se inhibió.»
«Alejandra Gils Garbó, procuradora general de la Nación, falló a favor de que el caso se investigue como violencia institucional. Posteriormente, los fiscales solicitaron el desarchivo del expediente y nuevas medidas de prueva para reanudar la investigación.»
«Los fiscales plantearon como primera irregularidad que los trabajos de prevención y resguardo de la escena fueron realizados por integrantes del Ejército, quienes podrían tener responsabilidad en el hecho. Luego criticaron el accionar de José Antonio Reyes, juez de Instrucción 4 de Apóstoles, por la falta de un inventario de los objetos personales de la víctima, una orden para levantar las huellas del arma o del secuestro del libro de guardia, entre otros documentos que podrían arrojar luz. Estas son algunas de las ausencias observadas por González Glaría y Palazzani.»
Mural en honor de Mauro Ramírez, barrio Esperanza, Apóstoles, Misiones.
«A razón de los fiscales, lo mencionado anteriormente ‘posibilitó que estas -por los objetos y documentos- pudieran alterarse durante el lapso que transcurrió hasta que finalmente la Justicia Federal dictó su secuestro. La posible alteración de dichos instrumentos al día de la fecha no fue investigada’, informó el portal digital del Ministerio Público Fiscal.»
«Por último, quizás el punto más importante», concluye el escrito entregado por la madre al periodismo, «tras analizar las pericias de la Gendarmería Nacional, los fiscales consideraron que de inguna manera implican descartar la hipótesis de homicidio».
«A 22 años de la muerte del soldado Mauro Ramírez, nos urge la necesidad de contribuir y generar redes de trabajo común para lograr verdad y justicia».
«En la actualidad, la Sala Uno de la Cámara Federal de Casación Penal prorrogó la audiencia de informes para el 14 de agosto de 2025. Asimismo, fue aceptado como amicus curiae el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el organismo podrá presentar argumentos y opiniones al Tribunal para ayudar a resolver la cuestión.»
