Sonia Córdoba: «Clara tiene un orificio en la parte de atrás del cráneo»

18/2/2025

Avanza el juicio oral y público por el crimen de su hija Clara Mabel Bravo en los Tribunales de Santiago del Estero. La carátula refiere homicidio culposo con la hipótesis de un hecho vehicular. Quien habla denuncia que la segunda de sus tres hijas, de 19 años, perdió la vida en circunstancias harto peores. Sucedió el 20 de noviembre de 2020 en la ciudad de Añatuya.

«Uno, mi hija recibió un disparo antes de llegar al lugar del impacto contra el piso; las salpicaduras de sangre comienzan antes de superar el montículo. Dos, no se han analizado los videos; el expediente menciona ocho cámaras que no han sido analizadas, salvo una que indica alta velocidad del vehículo. Tres, en las redes sociales todo Añatuya y todo el país vieron el video de la cámara de los vecinos de una persecución a alta velocidad; esto es distinto de lo que dijeron los policías. Cuatro, no tuve acceso a la prueba del expediente ¿quién tiene fotos y videos de la autopsia? ¿por qué no tengo una radiografía?»

Sonia Ramona Andrea Córdoba posó la mirada en la jueza Rosa Hortensia Falco. «Le hablo de madre a madre», le dijo, «si usted tiene hijas me va a saber comprender». Durante varios pasajes se quebró, lloró y se ahogó. La responsable del tribunal unipersonal le ofreció hacer un intervalo. Pero la progenitora de Clara Mabel Bravo respiró hondo, se hizo fuerte y continuó la enumeración. Fue esta mañana en la Cámara de Juicio Oral de los Tribunales de Santiago del Estero. Como cada vez que tiene oportunidad, declaró que la segunda de sus tres pichonas perdió la vida por un balazo en el contexto de una persecución policial.

«Cinco, ¿por qué la misma Policía investiga a la Policía? Seis, ¿por qué secuestraron el celular de mi hija y sacaron toda la información que tenía? ¿qué esconden o no quieren que me entere? Siete, la prueba del embarazo ¿por qué no entregaron el resultado del útero? Ocho, los del sepelio nos pidieron algodón para colocar en la parte de atrás del cráneo, el orificio que le encontramos esa noche en la guardia con su pareja, Juan Calcagni. Nueve, me gustaría que Patricia Carolina Isorni declare como testigo. Diez, en el escenario había mucha gente que no fue nombrada, como los padres de Rodrigo Coria, que son policías.»

El juicio oral y público comenzó ayer y, de acuerdo con lo conversado entre la magistrada, la fiscalía y las partes, podría arribar a un veredicto el viernes. La carátula del expediente imputa a Rodrigo Matías Coria Salguero por homicidio culposo en perjuicio de Clara y por la violación de las medidas sanitarias durante la pandemia. Con el supuesto de una tragedia involuntaria a bordo de una moto en horario prohibido. Sonia y su esposo Víctor Bravo tienen otra explicación de lo que sucedió en su ciudad, Añatuya, la noche del 20 de noviembre de 2020 en el contexto de la cuarentena por el Coronavirus.

«Once, pido un careo entre el comisario y los policías, ya que estos sembraron dudas en sus declaraciones», continuó la madre leyendo su cuaderno anillado lleno de anotaciones realizadas a mano con birome. «Doce, aquí también hay una denuncia internacional». El relato de la familia de la víctima es que la chica acababa de salir de su domicilio para sentarse como acompañante en la motocicleta de Coria Salguero, alias Coco, con quien tenía una relación de amistad. Eran las 23.45 y regía la veda para circular en la vía pública. Algunos minutos y 20 cuadras después, ella yacerá muerta sobre el asfalto.

Los Bravo argumentan que la hipótesis de un simple episodio vehicular es refutada por numerosos indicios. El principal es la presencia de un hueco en el cráneo que permite introducir un dedo, como hizo la madre, enfermera profesional, la misma noche del drama. Otro es la muerte inmediata. Otro es la ausencia de más lesiones, fuera de un corte en una mejilla y un golpe en la frente. Otro es el charco de sangre con un reguero de 40 metros hasta el sitio donde fue levantado el cuerpo por personal que llegó en ambulancia. Este vestigio, creen ellos, evidenciaría que Clara fue arrastrada y el escenario adulterado.

La jornada de apertura incluyó los alegatos de María Emilia Ganem y Alejandra Sobrero, de la fiscalía de Añatuya; César Barrojo, representante de los padres de la víctima, y Orlando Román Nasif, abogado defensor del imputado. Luego declararon siete policías como testigos: María Gabriela Arévalo, oficial; Lucas Martín Attalah, cabo; Rosana Leguizamón, licenciada en Criminalística, oficial; Roque Raúl Ledesma, comisario; Marcos Gastón Llanos, agente; Osvaldo Leonel Cortez, agente retirado; y Gerardo Javier Cabrera, agente que habría perseguido a la víctima y el imputado a bordo de una moto policial.

Esta mañana, además de Sonia Córdoba, hablaron Elizabeth del Valle Olivera Carrizo, Natalia Soledad Belén, Carolina Gabriela Vizcarra (vecinas de la zona) y Luis Alejandro Ruiz (sereno). En el público estuvieron Víctor Bravo, papá de la fallecida; Ángel Córdoba, tío; Rubén Manzi, exdiputado nacional (Catamarca); José Magioncalda, abogado de la Fundación Apolo (CABA); Aldo Bravo, defensor de derechos humanos; y parientes de otras víctimas de la violencia en la provincia, como Patricia Carolina Isorni, mamá de Franco; Carina y Juan Jaimes, papás de Felipe; y Miriam Villavicencio, mamá de Luciano Armoa.

La familia de Clara integra el Comité de Lucha contra la Impunidad e Injusticia de Santiago del Estero. Una iniciativa ciudadana que aglutina a medio centenar de afligidos por diferentes tipologías violentas. Han caminado las calles de su tierra y del país en nombre de sus hijos asesinados. Reclaman el juicio político a ciertos funcionarios y la intervención federal del Poder Judicial santiagueño. En 2024 brindaron testimonio en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. De forma paralela, impulsan un recurso colectivo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los padres acusan a la Policía. Señalan que el supuesto gatillador habría actuado en complicidad con varios colegas y describen una notoria operación de encubrimiento. Destacan la mutilación del útero de Clara con el probable fin de ocultar el embarazo que acababa de iniciar; esto convertiría el hecho en un homicidio múltiple. También mencionan obstáculos para impedir que la familia acceda a los videos de las cámaras de seguridad particulares que registraron la escena. Asimismo el secuestro, hackeo y vaciado del teléfono celular de la víctima mientras el aparato permanecía en poder de los investigadores.

«Los hechos descriptos encuadran en las siguientes figuras», informan, en contraste, los tribunales; «homicidio culposo por conducción culposa de vehículo con motor por conducción imprudente, negligente a excesiva velocidad e.p. Clara Mabel Bravo s.d. violación de medidas contra epidemias e.p. salud pública en concurso real de delitos a tenor del artículo 84 bis 2° párrafo y 205 y 55 del Código Penal cumpliendo con todos los requisitos de una figura típica tanto en sus elementos objetivos cuanto subjetivos habiéndose corroborado la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria…»

«…del moto vehículo conducido por el encartado Coria Salguero, Rodrigo Matías, con exceso de velocidad superior a la permitida, cruzando semáforos en rojo, haciendo caso omiso al control policial, violando las medias dictadas en razón a la pandemia Covid 19», detalla la síntesis del expediente difundida a la prensa. «Por lo expuesto, este MPF [Ministerio Público Fiscal] acusa a Coria Salguero por los delitos mencionados, señalando que no existen en esta investigación causas de justificación que excluyan el carácter antijurídico del injusto ni circunstancias que eliminen el reproche de culpabilidad».