Eduardo Iglesias: «Viajamos diez mil kilómetros para pedir por Marcela»
22/8/2025
por Lucio Casarini
Junto a su esposa Nora participó el 20 de agosto de una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica. Su única hija tenía seis años cuando 5 de febrero de 1996 murió fulminada por una escultura expuesta de manera ilegal en un paseo público de la capital argentina. Dos nenas quedaron heridas. El Estado nunca los escuchó.
Nora Ester Ribaudo y Eduardo Rubén Iglesias, padres de Marcela Brenda, están haciendo historia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, los recibió el 20 de agosto en audiencia pública. Además del matrimonio y los miembros del jurado, asistieron representantes del Estado argentino (liderados por Alberto Julio Baños, subsecretario de Derechos Humanos) y la Comisión Interamericana (tomó la palabra el mexicano José Luis Caballero Ochoa, presidente). El siguiente video contiene la primera de dos partes.
Primera parte de la audiencia en la Corte Interamericana.
«Audiencia pública. Caso Iglesias y otros vs. Argentina», reza el cartel que introduce el film. La reunión inicia con la entrada de los jueces a la sala y el saludo de la costarricense Nancy Hernández López, presidenta. Luego hay unas palabras del chileno Pablo Saavedra Alessandri, secretario ejecutivo. En el minuto cuatro toma la palabra Caballero Ochoa; entre el minuto 12 y el 54 se encuentra el testimonio de Nora; entre el 55 y el 93 puede contemplarse el de Eduardo. El audio de esta nota, bajo el título de cabecera, reproduce la voz del papá de la víctima.
Nora Iglesias durante la audiencia en la Corte Interamericana.
«Gracias por permitirme defender a Marcela en la Corte Interamericana», se dirigió Nora a los magistrados tras narrar las vicisitudes que padeció junto a su marido. Su única hija tenía seis años cuando 5 de febrero de 1996 murió fulminada por una escultura expuesta de manera ilegal en un paseo público del Parque Tres de Febrero, en la Ciudad de Buenos Aires. Además, dos nenas quedaron heridas. Caballero Ochoa argumentó en este contexto que el Estado violó varios derechos simultáneos: a la vida, a la integridad y a la protección de la niñez.
Marcela Brenda Iglesias tenía seis años.
«Hay un compromiso, se nota», concluyó Eduardo otorgando un voto de confianza a la Corte Interamericana, «no suelo equivocarme en esas cosas», agregó ante la mirada amistosa de Nancy Hernández López, Rodrigo Mudrovitsch, vice (Brasil), Ricardo Pérez Manrique (Uruguay), Patricia Pérez Goldberg (Chile), Alberto Borea (Perú) y Diego Moreno Rodríguez (Paraguay). Verónica Gómez, de Argentina, estuvo ausente acorde el reglamento porque es una causa de su tierra. José Manuel y Laura del Cerro asistieron como abogados de las víctimas.
Segunda parte de la audiencia en la Corte Interamericana.
Este es el video suplementario. Tras el regreso de los cortesanos, toma el micrófono el brasileño Mudrovitsch. Luego lo hacen José Manuel del Cerro (desde el minuto uno), Alberto Javier Salgado (minuto 23, funcionario de la Cancillería Argentina), Baños («En nombre de esta misión, pedirles disculpas», se dirige en el minuto 26 a los Iglesias), Gonzalo Bueno (minuto 27, asesor legal de Salgado) y Caballero Ochoa (minuto 30), que realiza observaciones finales. La jornada se prolonga con algunas preguntas de los jueces a los diferentes interlocutores.
Los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los padres de Marcela destacaron dos instituciones entre quienes los han respaldado en estas casi tres décadas de brega judicial. La Asociación Civil Madres del Dolor y la Asociación Civil Amigos del Lago de Palermo. La primera une a familiares de víctimas de distintas formas de violencia. La segunda a vecinos solidarios preocupados por preservar el espacio verde en el que ocurrió la tragedia contenida en el expediente. Se trata del Parque Tres de Febrero, una serie de arboledas profusas y paseos elegantes que distinguen el barrio porteño de Palermo.
Eduardo Iglesias interrogado por el juez Moreno Rodríguez.
Las partes cuentan con un mes para entregar sus alegatos finales por escrito. El rótulo del convite del 20 de agosto, «audiencia pública sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas», aporta alguna pista sobre los virtuales alcances de la sentencia. Caballero Ochoa destacó en su síntesis la violación de «las garantías procesales y la protección judicial» y de «las obligaciones estatales de supervisión y fiscalización de espacios públicos, en particular donde se realizan actividades recreativas de niñas y niños». El veredicto podría demorar varios meses.
