Susana y Daniel Basaldúa: «Vamos por los verdaderos asesinos de Cecilia»

19/1/2025

Su hija, una escritora y mochilera porteña de 36 años, apareció muerta violentamente el 25 de abril de 2020 en Capilla del Monte, Córdoba. Denuncian una trama judicial, policial y narco. El proceso oral urdido en 2022 absolvió al perejil del caso. Marcharon a la Casa Rosada con otros damnificados para difundir que hay 320 femicidios anuales en la Argentina.

«Estamos esperando que confirmen al fiscal nuevo; va a ser un año y sigue pendiente de que lo ratifiquen; que lo confirmen o pongan a otro; estamos acostumbrados a que cambian el fiscal y esto se demora tres, cuatro o cinco meses; sepan que nosotros vamos a estar atrás de la causa de Cecilia y vamos por los verdaderos asesinos; por Mainardi, por la Vivi Rasta; por los policías de Capilla del Monte, por Ubaldini López; por todos esos; toda la gente que está en el audio, ese audio es muy real; que Paula Kelm no siga más en la Justicia; es vergonzoso que la tengan en Córdoba, tendría que encontrarse ya destituida».

Daniel Basaldúa habla con su habitual convicción parado delante de la reja de la Casa Rosada. La brisa intensa le revuelve el pelo, tan gris como su barba. Es la tarde del 30 de diciembre. Con su esposa Susana y otros familiares de víctimas está de pie al rayo del sol para denunciar la violencia contra las mujeres. Marta y Guillermo, padres de Lucía Pérez, viajaron desde Mar del Plata. Marisa y Facundo, progenitores de Luna Ortiz, lo hicieron del partido de Tigre. Rodrigo Peiretti, tío de Marina Inés Trípodi, vive en la Capital Federal. La protesta comenzó en el Congreso de la Nación, donde arrancaron caminando.

«Estamos acá encabezando una marcha por la cantidad de femicidios que hubo este año», explica la mamá de Cecilia, que luce color negro en los anteojos, el cabello corto y la ropa; su remera y pantalón son de luto; asimismo la camisa y pantalón del marido; «según el Gobierno han bajado los casos», hace referencia a declaraciones recientes y controvertidas de Manuel Adorni, vocero presidencial; «tenemos la bandera con la cantidad que aumentaron en 2024; están todos los nombres de las chicas que asesinaron este año; queremos que se pongan al frente de todo, que se hagan cargo la Justicia y el Gobierno».

Su hija Cecilia Gisela Basaldúa, una escritora y mochilera porteña de 36 años, apareció asesinada el 25 de abril de 2020 en Capilla del Monte, provincia de Córdoba, luego de permanecer desaparecida casi tres semanas. La familia delata una trama judicial, policial y narco. A pesar de que el hecho registra permanente eco en la opinión pública nacional, se encuentra impune. Un juicio oral y público realizado en 2022 absolvió al perejil del caso, Lucas Adrián Bustos, un peón de albañil que tenía 23 años en el momento del horror y pasó dos temporadas en la cárcel sin pruebas que lo incriminaran.

«Familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas», presenta en caracteres blancos una pancarta negra de ocho metros de ancho. Es sostenida por Susana, Daniel y los demás frente al edificio más icónico de la política argentina. Aunque su impacto es llamativo, más impresionante es el letrero a sus espaldas. Una hilera de ciudadanos extiende una sábana también color petróleo de media cuadra con los nombres de las 320 argentinas que perdieron la vida violentamente en 2024. La tela cubre la reja de la Casa de Gobierno. Está repleta de hojas albas A4 que contienen las identidades y edades de las fallecidas.

«El Estado es responsable», agrega Susana indignada; entre ambas manos, además de la pancarta, sostiene una foto de su pichona; en la imagen alcanza a leerse: «Verdad y justicia; femicidio en Capilla del Monte; 20/4/20; Cecilia G. Basaldúa»; la mujer habla mirando hacia la Plaza de Mayo; «porque si el Estado hubiese hecho algo, los jueces, los fiscales, los abogados, esto no seguiría pasando; nosotros vamos a perseverar marchando para que la violencia baje, para que dejen de hacer daño; los asesinos están sueltos; si no los encarcelan continuarán quitando vidas; hay que parar con esto, basta de matarnos».

La familia de Cecilia acusa a Mario Gabriel Mainardi, supuesto expolicía; Viviana Juárez, alias vivi Rasta, presunta vendedora de droga; Ramón Ubaldini López, cabo en actividad; Ariel Daniel Zárate, uniformado hoy cesante (recibió una condena por violencia de género); entre otros. Todos son mencionados en un audio anónimo hecho público a través de las redes sociales de internet que resuelve la intriga con precisión notoria. La voz del relato es femenina y se presenta como María, virtual testigo directa de la barbarie. Hasta ahora los Tribunales se niegan a examinar su valor como indicio del crimen.

«Hace cuatro años y medio que venimos con la causa de Cecilia, es como si hubiese sido ayer», reflexiona Daniel pasmado, ensayando una especie de balance; de su cuello, atada a un cordón, pende el mismo retrato que ostenta Susana; «estamos visibilizando esto para demostrar que es mentira que están bajando los femicidios; este año hubo 320, está documentado por el Observatorio Lucía Pérez», agrega el papá; con la mano derecha agarra la pancarta y con la otra una ilustración del rostro de la hija impresa en una cartulina que desafía: «hacer realidad un sueño de amor requiere nunca dejar de soñarlo».

El Observatorio Lucía Pérez (observatorioluciaperez.org) debe su nombre a la hija de Marta y Guillermo, que tenía 16 años cuando el 8 de octubre de 2016 fue violada y sometida a una dosis letal de cocaína en la ciudad de Mar del Plata. Un juicio bochornoso intentó sellar la impunidad. El segundo proceso condenó a dos narcos por femicidio. La indignación ciudadana creció hace dos meses, cuando un jury absolvió a los magistrados del escándalo. A pesar de todo, los padres intentan transformar el dolor en amor por medio de la asociación Civil Somos Lucía y la Casa de Lucía, un centro de atención y prevención.

«Los asesinatos de mujeres se redujeron un 10% este año», anunció Manuel Adorni a la prensa al día siguiente de Navidad desde el mismo palacio en cuyo frente ahora se despliega el trapo enorme con los nombres de las 320 víctimas; «esto fue gracias al gran trabajo de los ministros Patricia Bullrich y [Mariano] Cúneo Libarona; detrás está la tolerancia cero con los violentos que matan mujeres», arriesgó el vocero presidencial; «hace un año atrás funcionaba el por suerte extinto Ministerio de la Mujer, cuyo presupuesto era de 300 millones de dólares, actualizado a hoy serían unos 300 mil millones de pesos».

«Queremos que dejen de mentir y que apoyen a las familias, que no las dejen en banda», se queja Daniel; «se acuerdan en el primer momento y después chau; a los jueces [les exigimos] que no se vendan, a los políticos lo mismo; mientras les conviene, los funcionarios están con vos, pero después te traicionan; como hicieron con el caso de Lucia Pérez en el jury a los jueces, que realmente hubiese sido un precedente para todos nosotros; quedé muy indignado con ese fallo; los traidores fueron peronistas, quiero que lo sepan; no fue Mauricio Macri ni Javier Milei; no, fueron peronistas; vergonzoso».

«Hoy vamos a marchar apoyando a los familiares de Cromañón, que hace 20 años que están pidiendo justicia», anticipa otra protesta que comenzará allí mismo, en la Plaza de Mayo, en un rato; los damnificados de la masacre del boliche del barrio de Once recordarán el 20 aniversario del horror perpetrado el 30 de diciembre de 2004; «el Estado se tiene que hacer cargo de eso; el Estado es responsable», exige el papá de Cecilia; varias agrupaciones de víctimas de la discoteca desarrollan una agenda que tendrá su momento neurálgico esta noche a las 22.50, hora del incendio, en el sitio de la ignominia.

El sumario de Cecilia ha pasado por tres fiscales. Paula Kelm, de los tribunales de Cosquín, es quien acusó falsamente a Bustos. Raymundo Barrera, de Cruz del Eje, se jubiló a poco de tomar el expediente. Nelson Oscar Lingua, de la misma jurisdicción, espera desde hace cerca de un año que lo confirmen en el cargo. Francisco Payges, actual segundo, suena como posible candidato para tomar la posta. Daniel y Susana han reclamado sin cesar que la pesquisa está frenada. Sin el menor efecto. Aunque tienen comunicación con Juan Manuel Delgado, fiscal general de la provincia, que los ha recibido un par de veces.

«Estamos tratando de que el caso no quede parado; cada tanto viajamos, movemos un poco la causa», sintetiza el padre la lucha que mantienen por memoria, verdad y justicia; una auténtica odisea tomando en cuenta, como referencia geográfica, que los Basaldúa viven en el barrio porteño de Núñez, a 800 kilómetros de Capilla del Monte; en cuanto a Kelm, fue apartada del sumario pero no del puesto; sigue en el cargo tras su boicot flagrante al esclarecimiento del hecho; «siempre digo no hay que perdonar esas cosas», elucubra Daniel, «tendrían que ser sometidos a un buen jury por trabajar mal».