Claudia Véliz: «Los responsables de la muerte de mi Diego son 13 policías»

14/10/2024

El sexto de sus nueve hijos tenía 20 años cuando expiró el 14 de marzo de 2012 tras ser detenido ilegalmente y torturado por policías de Catamarca. Solo tres de los envueltos permanecen presos y nadie responde por el homicidio. Encima, el padre del difunto y el testigo clave del caso perdieron la vida en circunstancias macabras nunca investigadas.

«Los responsables de la tortura seguida de muerte de mi hijo Diego Iván Pachao son 13 policías; Rafael Dionisio Méndez [comisario, falleció por causas naturales en 2022, tiempo después de prestar una declaración cuestionada por sus numerosas incongruencias como testigo en el juicio], Ramón Ariel Quevedo [subcomisario], Gustavo Eduardo Bulacios, Ricardo Darío Barrera, Ricardo Javier Varela, José Daniel Sotomayor, Pedro Hilario Moya, Claudio Yani Nieva, Jorge Duilio Montiveros, Nelson Bayón, Fabián Vizcarra, María del Carmen Guadalupe Acevedo y Duilio Gallo Canciani, médico policial».

Claudia Liliana Véliz sabe por experiencia cuán difícil es que el Estado se haga cargo de los horrores de la violencia institucional. El sexto de sus nueve hijos expiró el 14 de marzo de 2012 tras ser detenido ilegalmente y atormentado de manera alevosa en la Comisaría Séptima de la ciudad de Catamarca. Solo tres de los incriminados por la evidencia permanecen en la cárcel y nadie responde por el homicidio. Luego de la congoja que le provocó el juicio concebido en 2022, que confirmó la impunidad, ella tiene dudas de que un posible segundo proceso oral y público logre situarse a la altura de las circunstancias.

Este relato desafía al lector a dejarse llevar de la mano. La travesía será dolorosa y espeluznante, pero también esclarecedora y necesaria. La guiarán la mamá de Diego y Luis Rodríguez, colaborador de ella que es experto en derechos de niños y jóvenes. Ambos reconstruirán a pie la peripecia de la víctima desde el tris en que salió inocentemente de su domicilio, en los primeros minutos del 11 de marzo de 2012, ignorante de que su integridad pudiera correr algún tipo de peligro, hasta algunas horas después, cuando de forma imprevista y demencial se convirtió en rehén de una horda de vándalos de uniforme.

Escenario 1: casa de Diego

(11/3/2012, primeros minutos)

«Estoy en la puerta de nuestra casa», introduce Claudia en su vereda del barrio Eva Perón, ciudad de Catamarca, «donde vivíamos mis hijos, algunos nietos y yo; la medianoche del 11 de marzo del año 2012, Diego salió para encontrarse con unos amigos e ir a una fiesta familiar; me dijo ya vuelvo, Má; fueron las últimas palabras que me dirigió; es muy doloroso porque ese ya vuelvo, Má, implicaba la esperanza de regresar con nosotros, seguir viviendo su vida bonita; tal cual lo era el, alguien muy simpático, amiguero, solidario; con la familia, los niños, los sobrinos; puro amor, puro cariño; yo era su Mamita».

La temperatura ronda los 30 grados. Ella suelta la manija del portón de hierro e inicia el periplo que los llevará a varios puntos de la ciudad. El lugar de la fiesta queda dos kilómetros y medio al norte. La Comisaría Séptima algo más cerca, un kilómetro y medio en igual rumbo. Las demás son localizaciones del vecindario. La madre luce calzas estampadas azules y un rosario en el cuello que cuelga sobre una remera blanca con la frase «Let it flow» (dejalo fluir). Luis viste pantalones de algodón claro y remera rosada. Sostiene un casco de plástico y su bicicleta (una mountain bike), ambos color petróleo.

El drama suma tres fallecidos, pues Telmo Alejandro Pachao, papá de la víctima e impulsor de la denuncia, y Leonel González, amigo de Diego y principal testigo del crimen de este, perdieron la vida en circunstancias extrañas nunca investigadas. Telmo fue hallado con la cabeza rota al borde de una calle. Dos policías que se habrían declarado únicos observadores presenciales dijeron que el hombre chocó solo contra un árbol mientras circulaba en moto. Ocurrió en 2017. Leonel apareció ahorcado en otro árbol, en el dique El Jumeal, un espacio público, con medio cuerpo sumergido en el agua. Sucedió en 2019.

Escenario 2: casa de la familia Maltese

(11/3/2012, madrugada)

«Estamos situados al norte de la ciudad de Catamarca, calle Los Ángeles y Avenida Los Terebintos», retoma Claudia al cabo de dos kilómetros y medio; «esta casa es de la familia Maltese; estamos en la puerta; en este lugar mi hijo con otros jóvenes, también con el que fue arrestado [Leonel González], estuvo compartiendo esa noche con amigos, entre ellos los hijos de la señora Maltese; uno de estos, Gabriel Maltese, trabajó con la Policía; como consecuencia de su declaración se dilataron los tiempos del sumario; mintió apretado por los uniformados; era una persona con adicciones y antecedentes».

«Después de dar testimonio, este chico desapareció dos años; lo encontraron el padre de mis hijos y el abogado [José Alberto] Furque en la casa del abuelo; cuando el hombre salió a atenderlos dijo que su nombre era Gabriel Agüero, no Gabriel Maltese; hasta el nombre mintió este muchacho con tal de embarrar a mi hijo, sostener la coartada [una riña callejera en que Diego conjeturalmente recibió los golpes que horas después provocaron el deceso] que se impuso desde un primer momento, para hacer zafar a la Policía sin cargar con la verdadera responsabilidad que le corresponde en la muerte de mi hijo Diego».

«El lugar en que nos encontramos», toma la posta Luis Rodríguez, «tiene importancia fundamental en la primera calificación realizada tratando de encubrir a los policías: homicidio preterintencional e incumplimiento de los deberes de funcionario público; los sindicados eran los hermanos Leiva [Darío y Lucas, unos de ellos menor, supuestos golpeadores de Diego en la riña callejera]; esta acusación ha sido funcional a la impunidad 12 años; ha posibilitado el sobreseimiento de seis efectivos; para ponerlo más en claro, aquí la Policía acomodó testimonios para incluso relatar hechos que jamás existieron».

Escenario 3: Avenida de los Legisladores

(11/3/2012, a la mañana)

«Aquí hace 12 años no estaba esta rotonda», explica Claudia parada en la Rotonda Circuito de la Vida, en la intersección de la Avenida de los Legisladores y el pasaje Sumampa; el sitio se encuentra a 500 metros de la vivienda de la entrevistada, a la vera del Parque Adán Quiroga, pulmón natural de la ciudad que se ha reducido progresivamente por una invasión de negocios privados; «mi hijo Diego, cuando sale a buscar a su amigo, lo ve claramente en la bomba de agua donde fue golpeado por los policías; después se hizo este trazado; se veía claramente la golpiza que le estaban dando a Leonel».

El cuadro que describe fue protagonizado por Leonel González, por un lado, y los efectivos Gustavo Eduardo Bulacios y Ricardo Darío Barrera, por otro. Estos circulaban en un vehículo de la fuerza y se habían detenido a interceptar al joven, también habitante de la zona. Diego hasta aquí permanecía en el rol de espectador. Estaba por producirse su entrada en acción y el comienzo de los ataques contra el, cuya violencia se multiplicará en la sede policial. González, que quedará desplazado del foco de atención de los agresores y contemplará todo, constituirá el testigo crucial de la pesadilla de su amigo.

El juicio oral y público urdido en 2022 en la Cámara Criminal 2 catamarqueña consideró probada la responsabilidad de Bulacios (16 años de cárcel por privación ilegítima de la libertad y tortura), Barrera (ocho años por tortura), Varela (cuatro años por vejaciones agravadas) y Nieva (dos años y medio por vejaciones, de cumplimiento en libertad). Los tres primeros fueron enviados tras las rejas. Quevedo y Montiveros recibieron el beneficio de la duda. En 2023, el veredicto fue confirmado por la Corte de Justicia de la provincia, que breve lapso después sin embargo revocó la prisión de Varela.

Escenario 4: bomba de agua

(11/3/2012, a la mañana)

«En este lugar fue detenido el amigo de mi hijo, Leonel González», sigue Claudia; «es una bomba de agua, sobre la Avenida de los Legisladores, en el mismo barrio Eva Perón, en el Circuito de la Vida; Diego vio desde la distancia como lo golpeaban; se acercó con las manos en alto, porque los policías hacían tiros al aire; les pidió que no lo golpearan más, si no avisaría a la familia; este es el motivo por el cual se enfadaron ellos, agarraron a mi Diego, lo tomaron del cuello; lo vio Cintia [Mabel] Heredia, una vecina, una testigo; no sabe bien si le pegaron con la cachiporra, atrás de la nuca; lo ingresaron al móvil».

«Ahí se produjo la privación ilegítima de la libertad, sin motivo y sin razón», señala el área, un rectángulo de tierra de medio centenar de metros cuadrados con alambrado olímpico y dos árboles; el hidroextractor se encuentra en un cobertizo de cemento blanqueado; a simple vista hay un tramo de la cañería, pintado de celeste, que vuela sobre el pasto y luego se introduce en el terreno; «sé por testigos que mi hijo solamente levantó las manitos y pidió no le peguen más a mi amigo o le aviso a la familia; ese fue el desencadenante para que se tomaran el atrevimiento de arrestarlo sin justificativo».

«Este delito fue reconocido a través de la sentencia que emitió la cámara que enjuició a los policías», destaca Luis Rodríguez sobre la privación ilegítima de la libertad, un abuso institucional considerado epidémico; «constituye una gravísima violación del Estado de derecho; esos policías terminaron apropiándose no solo de la libertad, sino también de la vida de Diego; quiero que quede muy en claro; la golpiza inusitada, la paliza que recibió ya en este momento el hijo de Claudia; comenzaba el derrotero de golpes, humillaciones, denigraciones y malos tratos constantes hasta su muerte».

Escenario 5: Comisaría Séptima

(11/3/2012, a la noche)

«Acabo de estar en la maldita comisaría donde 13 policías se hicieron dueños de la vida de mi hijo Diego», suspira Claudia un kilómetro y medio al norte de su domicilio, luego de detenerse un momento en el inmueble de la calle Puerto Rico, entre Panamá y Costa Rica, en el barrio Parque América; «de donde yo lo retiré con muerte cerebral, inconsciente, con el pantalón mojado, con sangre pegada en la naricita y en el pecho; tiritaba como si estuviera remal, reenfermo; ya grave; ya en un estado lamentablemente irreversible; tal cual diagnosticó Silvia Yebra, doctora del Hospital San Juan Bautista».

«Rodrigo Guevara, vecino y amigo de la familia hasta entonces, trabajaba y trabaja en la parte judicial; cuando vine por primera vez a retirar a mi Diego, me miró y entró a la comisaría; con el tiempo le pedimos que contara lo que vio; negó haber estado, dijo que esa noche no trabajó; esto demuestra cómo defienden a esta organización de asesinos; siendo amigo de mis hijos, de mi Diego; es un Judas; negó a mi Diego; negó haberlo visto; aunque al padre de mis hijos le había contado que entró al patio donde lo tiraron y vio sangre; se vendió; fue pagado; es uno de tantos testigos falsos que hubo todos estos años».

«En este repudiable lugar, que es la Comisaría Séptima de la ciudad de Catamarca», sintetiza a su vez Luis Rodríguez, «Diego fue ingresado por la mañana y salió con muerte cerebral a la noche; en este elenco de 13 personas que pertenecen a la Policía de la provincia, entre ellos, ha transitado el dolor, la humillación, las palizas, los golpes, los chichones, las patadas y finalmente la muerte de Diego; la tortura ha sido reiterada desde el primer momento hasta que efectivamente lo tiran al jaulón; fueron todos partícipes por acción u omisión en algunos casos, como cuando no se intervino a tiempo».

Escenario 6: Circuito de la Vida

(11/3/2012, a la noche)

«Vamos caminando por el Circuito de la Vida», contextualiza Claudia, de regreso en el barrio Eva Perón, transitando un paseo acondicionado para el deporte y la recreación que cruza el Parque Adán Quiroga; «es el recorrido que hicimos en dos ocasiones con un amigo de la familia que me acompañó a ver a mi Diego; a retirarlo, teóricamente; es lo que yo entendía en ese momento, que tenían que darle la libertad; primero fui tipo diez de la noche; Gustavo Eduardo Bulacios y Jorge Duilio Montiveros me dijeron que de dónde había sacado yo que a las doce horas le daban la libertad; volví a buscar comida».

«La segunda vez que íbamos hacia la comisaría, lo sorpresivo fue que vimos a Leonel González, el amigo de mi Diego, al que ya habían dado la libertad; era algo muy extraño; Bulacios me había dicho que me quedara tranquila, que mi hijo no tenía ninguna causa, que solamente debía cumplir el horario de arresto; González en cambio tenía sumario; por qué a mi Diego no le daban la libertad y al indagado sí; pensaba que al llegar a la comisaría también lo soltarían; estaba María del Carmen Guadalupe Acevedo; me dijo que yo estaba equivocada, que ella no tenía nada que ver, que hablara con la Judicial…».

«Estaba en marcha el plan de impunidad», interpreta Luis Rodríguez caminando a la par de ella, sosteniendo el casco y la bicicleta; de tanto en tanto pasa algún auto o una moto por la cercana Avenida de los Legisladores; «claramente, en la comisaría, tal cual está datado, Diego, en un día tan caluroso como el de hoy y más todavía, estaba tirado en el jaulón; ya llevaba horas; los policías que recibieron a Claudia mintieron deliberadamente en todo momento; con las afirmaciones temerarias que han hecho frente al homicidio que ya habían cometido; el cuerpo de Diego ya estaba padeciendo muerte cerebral».

«Cuando fui por primera vez a la comisaría, aproximadamente a las diez de la noche», recuerda Claudia por otro lado, en su esfuerzo de atar los cabos sueltos que permiten entrever la trama siniestra, «encontré a Leonel González sentado a un costado de la sala de espera; me extrañó; aunque no sabía qué pasaba; era inexperta en todo esto; nunca ninguno de mis hijos tuvo una causa; cuando se retiró el personal policial de esa sala y Leonel quedó solo, me dijo que la Policía les había pegado a los dos y les había quitado lo que tenían; le dije cómo, sin llegar a preguntarle porque se hizo presente un efectivo».

«La agente María del Carmen Guadalupe Acevedo cometió algo que me dolió muchísimo», rememora sobre la segunda vez que llegó a la Comisaría Séptima, aún por completo inadvertida de lo que habían perpetrado con su pibe; «llamarlo Pachao, Pachao y silbarlo como un perrito; los demás arrestados nos contaron que lo pateó en el momento ese, al hablarle; sabían que mi hijo ya estaba muerto, prácticamente; sin embargo, lo seguían tratando con maldad; esta mujer, aún siendo madre, no tuvo ni un chiquito de piedad; una bestia humana; la verdad, uno peor que el otro; animales, bestias».

Este aviso fue diseñado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para ser plasmado en un letrero de chapa y erigido en la puerta de la Comisaría Séptima. Dentro de un plan de señalizaciones de hechos graves de violencia institucional. En el marco del artículo 3º de la Ley 26.811, que prescribe la colocación de carteles con fotos de las víctimas y una reseña de lo sucedido. La finalidad es promover la memoria, la verdad y la justicia como pilares fundamentales para la prevención de los excesos. Es una política con doble inspiración. Una clara postura del Estado y el homenaje a las víctimas.

«El trámite para que las autoridades provinciales nos permitan colocar el cartel lleva un año y medio», se angustia Claudia; «depende de la ministra de seguridad, Fabiana Segura», menciona a su interlocutora, en un intento de sensibilizar a los funcionarios; «Diego era un chico que no conocía una comisaría», se conmueve; «es algo muy importante que siempre resalto; es la verdad; mi Diego no tenía antecedentes, mostraba una conducta intachable, no le hacía mal a nadie; por el contrario; si tenía que ayudar, ayudaba; tanto a sus amistades como a la familia; podía quedarse sin algo para darle a otro».

«Hoy estamos ante un nuevo impulso en el esclarecimiento del crimen», comenta Luis Rodríguez sobre la proyección de la causa; «la propia Corte Suprema de Justicia de Catamarca ordenó la investigación sumaria sobre dos personas [Vizcarra y Bayón] que han participado efectivamente de la tortura con el resultado fatal, pero que no han sido ni siquiera citadas a prestar declaración, aunque fueron reconocidas en ronda de testigos; Vizcarra, Bayón y todos los otros policías sobreseídos van a ser seguramente imputados por tortura seguida de muerte con pena en expectativa de prisión perpetua».

La disquisición de Luis se refiere a una de las novedades del expediente Diego Pachao difundidas en septiembre por el Poder Judicial de la provincia. Fabián Vizcarra y Nelson Bayón, hasta ahora misteriosamente fuera del radar judicial, se vieron sometidos al escudriñamiento de la noche a la mañana. Por otro lado, volvió a quedar detenido Ricardo Javier Varela, uno de los castigados con cárcel efectiva (los otros son Gustavo Eduardo Bulacios y Ricardo Darío Barrera). Se trata de golpes de timón tribunalicios inusitados que generan interés creciente en la opinión pública.

«Fabián Vizcarra y Nelson Bayón fueron señalados en rueda de reconocimiento», acentúa Claudia; «el actual fiscal Hugo Costilla, cuando se hizo la rueda, en 2014, estaba de secretario; uno de los arrestados nombró a Bayón; le pedimos que lo tomara en cuenta; me dijo que no me hiciera problema, que era un muchacho muy bueno, amigo suyo de fútbol; que lo conocía desde chico, que no era capaz de hacer nada malo; me habló como a una ignorante; me pareció una total falta de respeto; soy una mamá de una víctima, alguien que perdió a un hijo, a alguien muy valioso; no podía hablarme de esa manera».

«Los arrestados, los testigos, nombraron a un tal Coya como golpeador», apunta la mamá de Diego de forma paralela, explorando una de las intrigas más candentes; quién o quiénes, entre los numerosos implicados, es o son los autores del homicidio; «pedimos a los fiscales Miguel Mauvecín y Marcelo Sago, también al entonces secretario Hugo Costilla, que por favor identificaran a esa persona; jamás lo hicieron; hay cosas, como esa incógnita, que parecen pequeñas pero tienen un gran significado; hice mención en los medios de prensa de Catamarca; nunca se investigó quién es esta persona».

Quizás uno de los retos más ambiciosos de esta odisea es la Ley Diego, reforma jurídica ideada por Luis Rodríguez. Busca, ni más ni menos, la vigencia de la Constitución Nacional. El primer paso es el parlamento catamarqueño. Luego vendría el Congreso de la República. Entre varios lastres, están en juego las facultades extraordinarias de la Policía. Como el estatuto que avala las detenciones arbitrarias (efectuadas sin orden de un juez) «por averiguación de actividades, antecedentes o medios de vida». El atropello inicial que sufrió el joven cuya tragedia motiva el desarrollo de esta crónica.