Guillermo Pérez: «Lucía ya no está, necesita su justicia y reivindicación»

17/1/2025

A pesar del eco internacional del caso, falta que el veredicto quede firme. Su hija tenía 16 años cuando fue víctima de femicidio el 8 de octubre de 2016 en la ciudad de Mar del Plata. Tras un primer juicio bochornoso, el segundo proceso condenó a dos narcos. La indignación ciudadana volvió a erupcionar hace dos meses, cuando un jury absolvió a los magistrados del escándalo.

«Por eso estoy tan enojado, tan así; por eso los llamo traidores y mentirosos; si yo hubiera tenido justicia realmente no seguiría peleando; amén de que en 2018 la OEA se expidió y nos informó que el Estado Argentino debe utilizar todas sus posibilidades para que la causa de Lucía se esclarezca; todavía sigue en veremos y tenemos que soportar todo este tipo de situaciones; yo creo que el Poder Judicial ha actuado con todas sus falencias y todas sus cosas; como siempre, tira más para el imputado; pero esta vuelta el poder político también y eso no es crear un país, es arruinarlo; eso es arruinar la Justicia».

Guillermo Pérez es un mecánico de automotores marplatense, un simple laburante, que un día, de repente, sin querer ni entender, se vio eyectado a la esfera pública para reclamar justicia. Igual que su esposa Marta Montero, enfermera profesional, y Matías, el único hermano de la niña, tres años mayor. Lucía sumaba 16 años y estaba en cuarto año del colegio cuando apareció violada de manera atroz y con una dosis letal de cocaína. La resonancia del caso fue inusitada. En cuestión de días, provocará el Primer Paro de Mujeres de la Argentina y se colará en los titulares de la prensa internacional.

«Mi hija fue asesinada el 8 de octubre de 2016 por narcos; tuvimos un juicio en 2018 con una sentencia aberrante; los consideraron culpables por vender droga y no por el crimen de Lucía; el veredicto se apeló, fue a Casación y se dio vuelta; hubo otro juicio en 2022 que condenó a Farías a 50 años y a Offidani a 15; sumaron la venta de droga y el femicidio; por eso es tan emblemático el jury a los magistrados del primer proceso; el fallo dice no podemos destituirlos porque hubo reparación en el segundo; ahora, yo les pregunto ¿cómo saben que hubo justicia si la condena todavía no está firme?»

El entrevistado conversa y fuma mientras el sol del verano le da de lleno en los ojos marrones. Es un hombre alto de cabellera azabache y barba circular grisácea, ambas tupidas. Viste pantalón vaquero y pechera blanca. «Lucía, por vos juramos vencer», anuncia el dorso de la prenda bajo el rostro de la chica. Es el 30 de diciembre de 2024. A espaldas de la voz del testimonio, a dos o tres metros, está la reja del frente de la Casa Rosada. Junto a Marta y otros familiares, Guillermo acaba de exponer a lo largo de los barrotes una bandera negra de 50 metros con los nombres de las 320 víctimas de femicidios del país en 2024.

La cifra es del Observatorio Lucía Pérez (observatorioluciaperez.org), el «primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal», describe la página web. La sábana larguísima está repleta de hojas blancas A4 que llevan los nombres (letras rojas) y las edades (letras negras) de las asesinadas. Los demás participantes de la movida son Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa; Marisa y Facundo, padres de Luna Ortiz; y Rodrigo Peiretti, tío de María Inés Trípodi. De pronto extienden delante otra pancarta también negra de ocho metros: «Familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas».

«Estamos en la Plaza de Mayo manifestándonos porque tenemos este año 320 mujeres muertas; me parece terrible; yo la pasé en 2016, cuando perdí a Lucía; [después de] todos estos años de lucha hoy seguimos peleando por justicia», lamenta Guillermo; «creo que son cosas que no hay que dejar pasar», comenta sobre declaraciones recientes y polémicas de Manuel Adorni, vocero presidencial; «hay que pensar bien quién en este momento va a hablar de violencia de género; tenemos que asumir la política que convenga para que esta tasa de femicidios baje; yo no la veo hoy ni de la Nación ni tampoco de parte de la Provincia».

El mayor castigo del expediente de su hija es para Matías Gabriel Farías, de 23 años en el momento del horror, que recibió cadena perpetua, 50 años de reclusión, como responsable de violar a la menor y drogarla hasta morir. La adolescente, que sufrió lesiones vaginales y anales, dejó de respirar producto de una sobredosis de cocaína. El otro condenado es Juan Pablo Offidani, de 41, castigado con 15 años como partícipe necesario. Tal cual ha resumido el entrevistado, ambos suman el veredicto previo por comercializar estupefacientes y hacerlo a menores en las cercanías de instituciones educativas.

«Hace unos meses hubo un jury [del 10 al 19 de noviembre]; los tres jueces [del primer proceso oral] estaban suspendidos; debían destituirlos; no pudimos, perdimos el jury; dejaron a Lucía sin tutela política y judicial; estamos hablando de una menor; en el caso de que no estuviéramos nosotros, ella hubiese quedado totalmente desamparada; Lucía ya no está y necesita su justicia y reivindicación; dijeron que no a este jury; fueron cuatro legisladores de Unión por la Patria y uno de la Unión Cívica Radical; este tipo de gente no puede legislar porque no tiene la perspectiva de género».

«A estas personas no hay que votarlas; nosotros hablamos de memoria, verdad y justicia; ellos no tienen que estar en esos lugares», concluye el padre, que viajó con su esposa desde Mar del Plata para llegar a la manifestación, precedida por una marcha desde el Congreso de la Nación. En su pago, los Pérez coordinan la Asociación Civil Somos Lucía, con sede en un inmueble bautizado la Casa de Lucía. Una vivienda con cierta historia. Perteneció una banda narco condenada. Fue cedida por la Agencia de Administración de Bienes del Estado y refaccionada con ayuda proveniente de la Unión Europea.

«Lucía está acá», se emocionó Marta Montero durante la apertura de la sede en 2023 (relata Filo.news); «la perversidad de la justicia fue de tal magnitud…; pero no pudieron con nosotros, gente de la calle; nadie debe bajar los brazos», continuó parada con Guillermo junto al mural impresionante plasmado en la pared final del predio, una gigantografía de los ojos de su hija; «siguen las vidas de quienes quedan, pero el Estado tiene que hacerse presente; va a ser un lugar de encuentro, de aprendizaje; acá no terminó nada; acá seguimos sin bajar los brazos para que crezca una esperanza de vida, de respeto y de derechos».

«Esto hay que hacerlo porque en el fondo lo que se quiere es que estemos desunidos; si estamos desunidos, ganan ellos», evaluó la madre observada por la concurrencia: familiares de otras damnificadas, allegados y funcionarios, como Ayelén Mazzina, ministra nacional de la Mujer; «no nos podemos quedar en el dolor, el sufrimiento y que todo termine así; nuestras hijas son la semilla; jamás nos van a convencer de que somos unos negros de mierda; somos mujeres y hombres trabajadores que no son egoístas; gente que piensa que no somos el ombligo del mundo, sino que necesitamos comunidad para trabajar».

La barbarie que terminó con la vida de Lucía fue definida en 2018 por el Comité de Expertas de la Convención de Belém do Pará, apéndice de la Organización de Estados Americanos, como «femicidio» y «una clara violación de los derechos humanos»; el dictamen se conoció en medio del escándalo tras el primer veredicto de los Tribunales de Mar del Plata; el foro transnacional exhortó a tomar «todas las medidas necesarias para un efectivo acceso a la justicia de los familiares de la menor y todas las mujeres víctimas y sobrevivientes, aplicando la normativa internacional de derechos humanos de las mujeres».

«Una cosa que se dijo hace unos meses», discurre Guillermo mientras la brisa potente flamea la sábana negra de 50 metros desplegada delante de la Casa Rosada; «la Provincia incorporó a 202 personas al Poder Judicial supuestamente con perspectiva de género; entraron 202 varones que tuvieron entrevistas de dos minutos; es el personal que nos va a administrar la vida y la justicia; es terrible; por otro lado, en el Poder Judicial de la Nación hay 100 personas que van a entrar en 2025; mi temor es qué clase de Justicia vamos a tener; que alguien me lo explique, porque todavía no lo puedo entender».

«Es importantísimo estar juntas y visibilizar lo que nos está pasando», responde a pocos pasos su esposa en diálogo con el periodista Francisco Pandolfi (Lavaca.org); «Adorni acaba de decir que los femicidios bajaron y es mentira; fijate las coincidencias, que lo mismo dijo en su momento la ministra Elizabeth Gómez Alcorta; acá estamos para defendernos, para decir que mienten, que solo en la última semana hubo seis femicidios, que dos eran criaturas y la más chiquita de dos meses; es tremendo el negacionismo que se está generando; el feminegacionismo; niegan cómo nos matan todos los días».

«Los asesinatos de mujeres se redujeron un 10% este año», anunció Manuel Adorni a la prensa al día siguiente de Navidad desde el mismo palacio en cuyo frente ahora se despliega el trapo enorme con los nombres de las 320 víctimas; «esto fue gracias al gran trabajo de los ministros Patricia Bullrich y [Mariano] Cúneo Libarona; detrás está la tolerancia cero con los violentos que matan mujeres», sorprendió el vocero presidencial; «hace un año atrás funcionaba el por suerte extinto Ministerio de la Mujer, cuyo presupuesto era de 300 millones de dólares, actualizado a hoy serían unos 300 mil millones de pesos».

«Cuando estaba la gobernadora [María Eugenia] Vidal sufrimos que le dieron la jubilación anticipada a uno de los magistrados [Aldo Carnevale] del primer proceso y no pudimos llevarlo al jury», protesta Guillermo bajo el sol del 30 de diciembre; «pero el poder político también nos sacó los otros dos ¿para qué me hacés recorrer todo este circuito si no me vas a dar la justicia? con toda la razón, entonces, creo que lo político es lo primero que debemos mejorar para creer que tenemos una Justicia; con todo esto, veo que va a ser una batalla campal ¿quién va a tener justicia? ese es el interrogante que les dejo».

«Las familias somos tenaces y cuando queremos algo no paramos hasta conseguirlo», se empeña la mamá de Lucía ante Pandolfi; «y tenemos una ventaja: no nos vendemos ante nadie; que lo tengan claro, que lo sepan todos». Más temprano, ella y su marido presentaron en el Instituto Patria (usina de pensamiento kirchnerista) un pedido formal a Cristina Fernández, titular del Partido Justicialista, para sancionar a los diputados y senadores de su facción que salvaron durante el jury a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, responsables con el jubilado Carnevale del fallo que intentó sellar la impunidad.