Ignacio Fernández Camillo: «El principal testigo es el cuerpo de Mauro Coronel»
24/6/2024
por Lucio Casarini
Es abogado de Laura, la mamá del joven agredido hasta la muerte en 2020 por policías de Santiago del Estero. El caso representa un escándalo jurídico. Nunca tuvo un detenido. Es denunciado por Amnistía Internacional y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. La víctima sumaba 22 años, era padre de cuatro hijos y trabajaba como vendedor ambulante en la capital provincial.
«Los perpetradores materiales del crimen de Mauro son los seis policías que estaban en ese momento, que se encuentran perfectamente identificados; los responsables de la impunidad son Érika Leguizamón, coordinadora de la Fiscalía de Violencia Institucional, y Luis de la Rúa, fiscal general de la provincia; tuve ocasión de mantener una charla con este; fue agraviante conmigo y principalmente con Laura; ha ejercido violencia simbólica, expresándose a los gritos, hablando contra mi, que en definitiva soy el abogado de ella; dijo que yo buscaba un interés político, cuando no tengo radicación en Santiago».
Ignacio Fernández Camillo es representante legal de Laura Elizabeth Coronel, mamá de Mauro Exequiel, que murió con 22 años el 5 de mayo de 2020 en el Hospital Ramón Carrillo de Santiago del Estero tras cuatro días de terror. El joven era padre de cuatro hijos y vendedor ambulante de alfajores y bolsas de consorcio. Los hechos pueden reconstruirse con la palabra de los testigos. Fue detenido de forma arbitraria y salvaje en su casa del barrio Santa Rosa de Lima. Fue trasladado a la Comisaría Décima, donde lo torturaron de manera homicida. Fue desaparecido dos jornadas. Fue abandonado en el centro de salud hasta expirar.
«Resido en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires; voy a hablar del caso, de la situación en la que está actualmente y lo que la familia espera en esta búsqueda de justicia por el homicidio de Mauro; el expediente no tiene carátula; era averiguación de causales de muerte; lo cerraron; pedimos que lo reabran; nunca contestaron ni nos dieron ninguna información; por otro lado, en el sumario por apremios ilegales tampoco hicieron nada, así que tampoco hay imputación; tampoco hay carátula».
«Mauro fue detenido en la puerta de su casa, en el contexto de un conflicto vecinal; fue golpeado brutalmente en la aprehensión y subido como un bulto a la caja de la camioneta policial; ya en la Comisaría, lo desnudaron en una noche fría y lo esposaron a un poste en el patio de la Comisaría Décima de la ciudad de Santiago del Estero; lo golpearon entre varios durante un tiempo considerable y le arrojaron agua fría en tachos de pintura de 20 litros en al menos cinco oportunidades, exponiéndolo a una severidad que lo llevó, sumados golpes en los pulmones, a una neumonía y su muerte a los pocos días».
«El 1° de mayo detienen a Mauro porque la mujer lo ha denunciado por violencia de género», es el relato de Laura; «mi hijo no le pegó; después que el murió, ella me dijo que no le había pegado; mandó un mensaje a otro integrante de mi familia con lo mismo; que ella no lo quería denunciar; que la amenazaron para que lo hiciera; era lo de una vecina donde ella se metió; mi hijo fue a buscarla; ha sido todo aquí, en el barrio Santa Rosa de Lima; mi hijo quería que ella le diera los chicos para hacerlos dormir; ella supuestamente lo ha denunciado diciendo que mi hijo le había pegado; al menos yo no he visto que le haya hecho algo».
La querella, según puede leerse en el documento adjunto [«Promuevo imputación. Requisitoria de…»], gestiona dos niveles de acusación. Por un lado, un juicio en el que se examine a los uniformados por «homicidio calificado por ser cometido con alevosía por miembros de las fuerzas de seguridad en concurso ideal con torturas seguidas de muerte en concurso real con los delitos de apremios ilegales, vejaciones y severidades». Por otro, un proceso contra Érika Leguizamón, coordinadora de la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, por «retardo de justicia en concurso ideal con encubrimiento calificado».
«No surge del expediente que Mauro haya estado marcado por la Policía», aclara Fernández Camillo; «sí que sufrió situaciones con la Fuerza previamente, como la mayoría de los pibes de las barriadas; en cuanto a lo sucedido en la Comisaría, parte de la familia Coronel vio mucho de lo que sufrió e incluso grabó; además está el video [realizado por los torturadores] que se ha viralizado; es fuerte que una madre tenga que contemplar eso; hay personas que estaban privadas de la libertad que también observaron; hay vecinos que declararon lo que vieron y padecieron, porque sufrieron excesos por buscar frenar la situación».
Los seis policías implicados como autores materiales son Pablo Enrique del Valle Palacio Giménez, Matías Nahuel Paz, Marcelo Sebastián Jiménez, Carlos Eduardo Salvatierra, Manuel Rafael Brandan Serrano y Marcelo Soria. Todos continúan en sus funciones dentro de la institución como si nada hubiese sucedido. Algunos incluso patrullan el barrio Santa Rosa de Lima, donde viven los Coronel, y cada dos por tres se cruzan con la familia, que obviamente se siente intimidada. Otro indicio significativo. Laura acredita al autor del video como Germán Rodrigo Campos Ocampo, según pudo ver en Facebook.
Los testigos esenciales son Laura, que vio a su hijo arrodillado y embolsado (tortura por asfixia) en la Comisaría, y lo grabó pidiendo ayuda a gritos: «Má, sacame de aquí, me están matando». Walter Daniel Ardiles, papá de Mauro, que lo encontró malherido en el Hospital Ramón Carrillo. La mujer también lo halló vivo en el centro de salud. Según ella, la víctima les narró los tormentos, escupía sangre, tenía una pierna fracturada y quizás ostentaba marcas de picana en el cuello. Un hermano del agredido: Facundo, que acompañó a la madre a la Comisaría. Con ellos estuvo también una prima de Mauro.
Más observadores directos. Esteban Emanuel Figueredo, vecino presente en la Décima. Los 29 presos de la Comisaría (solo declararon dos, Esteban Acosta y Rodrigo Ledesma). Los 32 detenidos del Liceo Policial, que alojaba a infractores de la panedemia. Allí trasladaron al rehén antes de derivarlo al nosocomio. Leonardo Espeche, guardia del Liceo. Los médicos Juan Cura (lo revisó en la Comisaría), Paola Doménico, Ana Yapur, Sebastián Paz (en el Carrillo), Jorge Rodolfo Velich (perito de parte).
«Pero el principal testigo de todo es el cuerpo de Mauro, en el que están los suplicios», dice el abogado querellante, «según se estableció a través de la autopsia [Cuerpo Médico Forense, ciudad de Buenos Aires], a la que a la fecha, desde que nos constituimos en la causa, no hemos tenido acceso; empezamos a intervenir en abril de 2023 con mi estudio jurídico».
La filmación hecha por los torturadores en el colmo del sadismo dio la vuelta al planeta. Dura menos de un minuto y está disponible en internet. Mauro aparece solo, de cuerpo entero, de pie y esposado al poste en la penumbra del patio de la Comisaría. Se encuentra descalzo, en calzoncillos y con una remera húmeda y tal vez ensangrentada. «¡Oficial, oficial, oficial!», repite desesperado el cautivo con voz vacilante, que delata el efecto de la golpiza que está recibiendo, mientras forcejea con la atadura. Continuamente se cubre la cara con un antebrazo, en un acto reflejo para atajar posibles nuevos ataques.
La familia Coronel ha sido víctima asimismo de amenazas. Solo dos muestras. El 21 de abril de 2021, efectivos de civil ingresaron al domicilio de la familia, golpearon a Laura y le advirtieron que abandonara el reclamo de justicia. El 17 de abril de 2023, dos móviles policiales siguieron a la progenitora y una hija menor de edad de manera también alevosa. «No podemos pensar en casualidades», narra la mujer en el escrito que acompaña esta nota, «que se nos escolte desde la casa de mi madre, mostrando que saben dónde vive, hasta la parada del colectivo, para luego esperar a que subiéramos al transporte e irse».
«Aquella anécdota con De la Rúa es reveladora», destaca el abogado platense; «estábamos con Laura; el hombre es fiscal general de Santiago del Estero, se trata de la máxima autoridad del Ministerio Público; su deber es justamente velar por los intereses de las víctimas; durante el desarrollo de la charla mostró un desconocimiento absoluto de la investigación, del procedimiento penal, de la reforma del Código Procesal Penal que se dio en 2020; se alteró tanto que en un momento se paró, empezó a gritar, temblaba; no sé si tiene algún problema de salud; fue en el tercer aniversario del homicidio de Mauro».
«De la Rúa dijo que yo buscaba un interés político, cuando ni siquiera distingo los partidos de allá, fuera del dominio absoluto de [Gerardo] Zamora como gobernador, a quien no conozco, y de su obvia vinculación con el fiscal general y con la Policía provincial; encubrir un hecho tan grave con pruebas como el video; las declaraciones testimoniales que fueron tergiversadas; esto se denunció por la vía prevista; comparto el pedido de imputación y la denuncia específica respecto del encubrimiento de la fiscal [documento anexo]; esencialmente, esos serían los responsables materiales, judiciales e institucionales».
La Constitución Argentina adhiere a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes), que define: «Se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales […], por cualquier razón, basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores y sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiesencia».
«De la Rúa no volvió a recibirnos», aclara Fernández Camillo; «Érika Leguizamón nos atiende cuando nos encuentra ahí; la imputación fue rechazada por el Juzgado; el planteo fue apelado a la Cámara; el Juzgado aceptó el recurso de apelación; la Cámara contestó que el trámite estaba mal concedido, entonces enviamos un recurso de casación al Tribunal Superior de Santiago del Estero; estamos a la espera de que la Cámara resuelva la admisibilidad; va a llevar muchos meses; la Cámara se toma bastante tiempo para todo».
Laura ha subrayado el respaldo de santiagueños como Roxana Trejo, militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores, presencia habitual en las movilizaciones callejeras, y de figuras como Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina. Esta ha declarado: «Hicimos cuatro pedidos formales para reunirnos con la fiscal y ninguno fue respondido; fuimos nosotros los que logramos acreditar la participación de estos policías; el Estado podría tener que rendir cuenta ante los tribunales internacionales por el caso de Mauro Coronel».
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, organismo federal, autónomo y autárquico que vela por las personas en contexto de encierro, también sigue el caso. Ha instado a las autoridades judiciales provinciales a determinar lo sucedido, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas acorde con los pactos internacionales. Ha pedido una investigación realizada con prontitud y exhaustividad. Que se garantice a la madre el acceso al expediente y una participación activa en la pesquisa. Que se aplique el llamado protocolo de Minnesota, reglamento experto avalado por la ONU.
Laura acusa por otra parte al personal del Hospital Ramón Carrillo de abandono del paciente en complicidad con los asesinos. Mauro permaneció hasta poco antes de morir en una habitación común, a pesar de que, como es evidente, presentaba un cuadro de extrema gravedad que requería el traslado a terapia intensiva. La mamá del damnificado recuerda por ejemplo la actuación de una médica, Andrea Melani: «La doctora estaba tapando a los policías, tengo testigos de que lo único que hacía era ponerle un calmante y a continuación se iba ¿por qué actuaba así con un ser humano? porque recibía órdenes de arriba».
«Estoy con casos de La Plata, de la Capital Federal…», concluye Ignacio Fernández Camillo; «un sinnúmero de sumarios en los que estoy interviniendo con la familia o con la víctima; más allá de que soy abogado penalista y defiendo también a personas que están privadas de la libertad, algunas imputadas por delitos contra la propiedad y otros; pero esencialmente lo que intento con mi tarea es una defensa irrestricta de los derechos humanos».
«Soy abogado de la familia de Sofía Fernández, una chica trans torturada hasta la muerte en la Comisaría Quinta de Pilar, provincia de Buenos Aires; soy abogado de los feriantes del Parque Saavedra, ciudad de La Plata, víctima de operaciones de la mesa judicial de Cambiemos; salieron absueltos en juicio el año pasado; fueron torturadas dos mujeres en la DUOF, Delegación de la Policía Federal en La Plata; soy abogado de la familia de Nicolás Vargas, un chico muerto por el gatillo fácil policial en La Plata; soy abogado de la familia de Brian Mujica, también presa del gatillo fácil; tendremos juicio en octubre».
«Es una serie de expedientes de este tenor que estoy patrocinando; puede ser a las familias o a las personas que sufrieron estos hechos; invito a entrar en mi página de Instagram, es @ignacio.fernandez.camillo; en ese espacio comparto la mayoría de los casos que sigo; aunque muchos no están de forma demasiado inmediata, debido a que permanecen necesariamente subterráneos hasta que logramos un resultado sustancial y pueden ser compartidos con el público».
