Berta Costas: «Marcelo fue abanderado en la primaria y la secundaria»

7/3/2025

Su hijo Marcelo Alejandro Costas, de 33 años, fue encontrado muerto víctima de un crimen atroz el 7 de septiembre de 2020 en el paraje Cuatro Horcones, localidad de La Banda, Santiago del Estero. El juicio oral y público se realizará entre el 11 y el 21 de marzo. Hay dos acusados de homicidio y uno de encubrimiento. Un cuarto hombre se encuentra prófugo.

«Mi deseo es que se haga justicia», ruega Berta Agustina Costas sobre el proceso oral y público que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago del Estero por el crimen con tintes mafiosos que terminó con la vida de su hijo Marcelo Alejandro, conocido como Pausita; «la defensa de los asesinos ha retrasado el expediente a través de la suspensión de audiencias y muchas trabas; pagando funcionarios; han comprado al juez [se refiere al fallecido José Luis Torrelio, de Control y Garantías]; la defensa hizo hasta lo imposible para frenar la causa; ahora hay una nueva jueza que agilizó los trámites para el juicio».

La mencionada es Rosa Hortensia Falco, a cargo del jurado unipersonal que dirigirá el proceso entre el 11 y el 21 de marzo en el Palacio de Tribunales con el desafío de desentrañar un drama engmático y sangriento. El extinto tenía 33 años cuando apareció apuñalado unas 20 veces y con torturas tremendas el 7 de septiembre de 2020 en el paraje Cuatro Horcones, localidad de La Banda. Dos hombres, Henry Ezequiel Oliva y Ramón Ángel Díaz, irán al banquillo por la autoría material y otro, Sergio Luis Cristo, por encubrirlos. Un cuarto implicado, Claudio Amadeo Etchemendi, se encuentra prófugo.

«Marcelo fue secuestrado, torturado y asesinado», resume la madre la dinámica de los hechos; «creo que hubo inteligencia previa, porque le pidieron que les alcanzara un cabrito para comer, que tenían invitados; mi hijo les dejó el encargo, se fue y luego lo mandaron a buscar para que los ayudara a cocinar; es ahí cuando lo reducen, lo secuestran y lo torturan desde el jueves 3; lo asesinan el domingo 6 a la noche o la madrugada del lunes 7; lo arrojan en Cuatro Horcones al costado de la ruta, al lado de un canal», precisa el sitio del hallazgo del cadáver; «lo encuentra un campesino que da aviso a la Policía».

Díaz, alias Lágrima, y Oliva están acusados de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía. Con pena en expectativa de prisión perpetua, según reclama Hugo Herrera, el fiscal. Cristo, conocido como el Gitano, será inquirido por encubrimiento agravado. Los dos primeros, originarios de la provincia de Córdoba, están en prisión desde la época del hecho, hace cuatro años y pico. El tercero, que es vecino de la localidad de La Banda y permanece libre, inicialmente fue convicto como actor central y también permaneció un tiempo prolongado tras las rejas.

«Herrera siempre acusó a Cristo, el dueño de la finca en que ocurrió el hecho, como el principal sospechoso y pide la pena máxima, de prisión perpetua, también para el», esclarece Berta Costas en un intento de ordenar los tantos del drama; «lo que pasa es que hubo un arreglo entre su defensor y el fallecido juez Torrelio; Cristo es el que citó a Marcelo; mi hijo justo en ese momento tenía que llevar a su nena al médico; Cristo le dijo que podía circular sin problemas porque la Policía nunca se metía con el; al final a Marcelo le fue imposible llevar a la hija al doctor porque estos tipos lo secuestraron».

«Cristo fue detenido en la provincia de Santa Fe en su camioneta junto a Oliva y Etchemendi; les solicitaron el permiso [obligatorio para circular en la pandemia], quedaron demorados y saltó que tenían pedido de captura nacional e internacional; Etchemendi [asimismo cordobés] logró escapar de la comisaría; Cristo al año siguiente también se escabulló, pero fue recapturado en Chaco; al tiempo recuperó la libertad y después ha seguido cometiendo delitos». El diario El Liberal de Santiago del Estero, para caracterizar a los convictos, ha descripto un contexto de «drogas, estafas, robo de vehículos y hasta prostitución».

La representación legal de Díaz es ejercida por Paola Bravo, la de Oliva por Cecilia Pintos, defensora oficial, y la de Cristo por César Fabián Barrojo. Este solicitó el año pasado para el Gitano la suspensión de juicio a prueba de conducta o probation más una reparación monetaria destinada a alguna organización benéfica. La oferta económica fue de $300.000, trascendió en la prensa en el mes de noviembre. La maniobra requería la aceptación del fiscal Herrera, que la rechazó con el argumento de que está en juego una pena que puede ser de prisión y además, a su criterio, debería elevarse considerablemente.

«Mi hipótesis más firme es que a mi hijo lo mataron estos sicarios porque fue testigo en la causa Servisur; supuestamente testigo encubierto o secreto; aunque nunca tuvo protección», explica Berta, cuyo abogado es Sergio Crespín. Se refiere al atraco tipo comando que en 2019 efectuó una presunta banda de policías y expolicías para apoderarse de la recaudación multimillonaria de una estación de servicio de la ciudad de Santiago del Estero. Montados en motocicletas, quitaron los bolsos con dinero al personal de la empresa y huyeron en distintas direcciones. El expediente aún debe ser elevado a juicio.

«Marcelo era muy sensible, le gustaban mucho los chicos, la naturaleza, los animales; jamás hubiera golpeado un perro o un gato, como hace tanta gente; lo que sufrió en manos de estos monstruos fue muy feo para toda la familia; un crimen mafioso; lo torturaron hasta el día de su cumpleaños 33, cuando le quitaron la vida; hoy mis pobres viejos, los abuelos de el, no tienen un día en que no lloren; los sobrinitos miran las estrellas preguntándose cuál es el tío; son nenes de entre diez y cinco años que siguen preguntando cuándo va a volver; algunos entienden que nunca regresará; otros continúan esperando».

Sergio Luis Cristo, Henry Exequiel Oliva y Ramón Ángel Díaz

«Me acompañan las madres del Comité de Lucha Contra la Impunidad e Injusticia de Santiago del Estero, del que formo parte; recurrí a Carolina Isorni; la vi en las redes [sociales de internet], me comuniqué y me está apoyando; a partir de entonces me siento acompañada y comprendida; somos bastantes las que sufrimos lo mismo; descubrimos que hay mucha corrupción; hay numerosos casos que no se denuncian por temor; porque padecemos persecución policial y política; por ir a una marcha del Comité te pueden dejar sin trabajo; hay amenazas, causas penales armadas; es difícil esta pelea, muy dura».

El juicio del caso Costas será el segundo pleito oral y público dedicado a una víctima de esta peña de familiares. El primero, que indagó el crimen de Clara Mabel Bravo, se desarrolló entre el 17 y el 21 de febrero en el mismo Palacio de Tribunales y con igual jueza, Rosa Hortensia Falco. Finalizada la etapa de audiencias, está pendiente la difusión del veredicto. Otros damnificados que esperan la convocatoria a un proceso en el foro santiagueño son Franco Nicolás Isorni, hijo de Patricia Carolina, fundadora del Comité; Juan Felipe Jaimes, hijo de Carina y Juan; Leonardo Gallo, hijo de Liliana; entre tantos.

«Marcelo fue abanderado en la primaria y la secundaria; todos los maestros y profesores lo recuerdan con enorme cariño; igual que los compañeros; en la Facultad decidió dejar Economía porque le gustaba Derecho; quería ser abogado; se inscribió en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; mis dos hijas, que también han sido súper responsables y cumplidoras, me decían no me pidas las notas de el, porque yo no llego, no voy a poder; la mayor es arquitecta, la otra quiere ser ingeniera agrónoma; mi hijo siempre fue muy inteligente, buena persona y buen alumno; la gente lo recuerda así».

Berta es originaria de La Fortuna, departamento santiagueño de Figueroa, donde hay tierras de la familia, de tradición agrícola ganadera. Ella desde hace años vive en el partido bonaerense de Ezeiza dedicada al comercio de carbón y leña. Cuando le avisaron del asesinato del hijo, viajó de inmediato y quedó misteriosamente atascada en Selva, localidad del sur provincial, al parecer debido a las restricciones por el Coronavirus. Fue sometida a una semana de un aislamiento penoso, en semejante circunstancia existencial, sin la menor consideración de parte de las autoridades.

«En Suncho Corral había personas que lo querían involucrar en política y el nunca aceptó», menciona la urbe santiagueña en la que residía Marcelo, que pertenece al departamento de Juan Felipe Ibarra; el joven, acostumbrado a visitar a su mamá en el Gran Buenos Aires, desarrollaba un emprendimiento del mismo rubro que ella; «a pesar de haber acompañado a una novia que se postuló para comisionada municipal; hizo campaña para apoyarla, militó con ella; la chica era Paola Saavedra; mi hijo dejó gran cantidad de amigos, gente que lo quiso mucho; enemigos tuvo muy pocos, pero los más dañinos».